Desde el Cesar, el presidente Gustavo Petro llamó a una nueva movilización social que abarque tanto lo rural como lo urbano, insistiendo en la necesidad de un acuerdo nacional para transformar el modelo económico y enfrentar la resistencia del Congreso a sus reformas.
Durante un discurso en el municipio de La Gloria, departamento del Cesar, el presidente Gustavo Petro realizó un enérgico llamado a una nueva movilización social. A diferencia de convocatorias anteriores, esta vez el mandatario pidió que la jornada se extienda tanto al campo y ciudad, fortaleciendo el respaldo popular a las reformas que impulsa su Gobierno.
“Después de esa marcha, y tocará por lo que veo organizar otra marcha aún más poderosa, esta vez en el campo y la ciudad, lo que se impone es un acuerdo nacional”, afirmó Petro, en referencia a las recientes marchas del Primero de Mayo.
La declaración surge en un contexto de creciente tensión entre el Ejecutivo y el Congreso de la República, luego del hundimiento del proyecto de reforma laboral, uno de los pilares de la agenda de transformación del Gobierno. El presidente expresó su inconformidad con las decisiones del Legislativo, señalando que obstaculizan el avance hacia la justicia social y económica.
En su intervención desde la Plaza de Bolívar el pasado 1 de mayo, el jefe de Estado enfatizó que el Congreso ha saboteado los cambios que demanda el pueblo colombiano, y advirtió sobre las consecuencias políticas que tendría la negación de la consulta popular que su administración radicó para revivir parte de la iniciativa laboral.
“El representante a la Cámara tiene que hablar de frente al pueblo. Si se les ocurre quitarle la libertad al pueblo, si en aras del derecho le quitan los derechos al pueblo, si en una sesión del Senado a medianoche votan para decir no a la consulta, el pueblo de Colombia se levanta y lo revoca”, sentenció Petro, generando una oleada de reacciones en el escenario político nacional.
En su discurso, el presidente también hizo un llamado a abandonar el modelo de renta extractiva basado en la explotación de carbón, petróleo y cocaína, apostando en cambio por una economía cimentada en la producción agrícola e industrial. Este enfoque, sostuvo, es esencial para lograr un verdadero acuerdo nacional que permita superar las desigualdades históricas del país.
“Este acuerdo debe alejar a Colombia de una economía basada en la renta extractiva y acercarlo a una basada en la producción. El pueblo trabajador del campo y la ciudad debe ser el protagonista de esta transformación”, subrayó Petro ante la multitud.
Sin embargo, una de las declaraciones que más polémica generó fue la expresión utilizada para referirse a quienes se oponen a sus propuestas: “El que vote no o no quiera estas reformas es porque es un HP esclavista. No he dicho ninguna grosería, ojo. HP, honorable parlamentario, periodista o político. Honorable político”, dijo Petro, en una afirmación que fue interpretada como una ironía ofensiva por parte de diversos sectores.
Estas palabras provocaron el inmediato rechazo de miembros de la oposición política, quienes señalaron que se trata de una amenaza velada contra la independencia del Congreso y un intento de presionar con movilización callejera decisiones que corresponden al ámbito legislativo. Para algunos analistas, el tono confrontativo del presidente podría tensar aún más la relación entre los poderes públicos.
A pesar de ello, el presidente no anunció una fecha concreta para la próxima movilización, aunque dejó claro que seguirá convocando al pueblo organizado para fortalecer su agenda de reformas. “La fuerza del pueblo es la clave para transformar este país. La movilización social es el camino hacia el acuerdo nacional que necesitamos para avanzar”, reiteró.
Los sectores afines al Gobierno han comenzado a preparar la logística para esta nueva jornada de protesta, que podría marcar un nuevo punto de inflexión en el pulso entre el Ejecutivo y el Congreso. En paralelo, organizaciones sociales y sindicatos ya discuten cómo sumarse al llamado presidencial y coordinar acciones en zonas rurales y urbanas.
Mientras tanto, la comunidad internacional observa con atención el desarrollo de estos acontecimientos, en medio de un clima político cada vez más polarizado. Observadores y expertos advierten que, si bien la protesta ciudadana es un derecho legítimo, debe estar acompañada de garantías democráticas que respeten la autonomía de las instituciones.
La estrategia de Gustavo Petro parece centrarse en elevar la presión social para sortear los bloqueos legislativos y consolidar el respaldo popular a su proyecto político. Esta nueva convocatoria, que promete ser “más poderosa”, apunta a reactivar la calle como escenario fundamental de la disputa por el rumbo de las reformas del Gobierno.
La narrativa presidencial también revela una apuesta por el protagonismo del campo y ciudad, reconociendo el papel decisivo de los sectores rurales en la construcción de un país más equitativo. La movilización, según lo expresado por el mandatario, no será solo un acto simbólico, sino una herramienta política para materializar su visión de cambio.
Lo que está en juego, según Petro, es nada menos que la posibilidad de romper con décadas de inequidad estructural y dependencia económica, y abrir paso a un nuevo ciclo basado en la producción nacional, la justicia social y la participación ciudadana.
Aunque aún no hay claridad sobre cómo se desarrollará esta nueva jornada, lo cierto es que el llamado presidencial reaviva el debate sobre los límites entre movilización popular, gobernabilidad democrática y respeto a la institucionalidad. ¿Será el pueblo movilizado la llave para destrabar las reformas, o se profundizará la confrontación entre poderes?
Y.A.
