Varios abogados y expertos en derecho laboral han expresado su preocupación por el enfoque de las preguntas, advirtiendo que podrían afectar gravemente al mercado laboral en Colombia.
En los últimos días, se ha desatado una fuerte polémica en torno a las 12 preguntas de la consulta popular sobre la reforma laboral que el Gobierno Nacional pretende impulsar en Colombia. Expertos en derecho laboral han manifestado su preocupación por la estructura y el enfoque de las preguntas, asegurando que algunas de ellas podrían tener consecuencias negativas para el mercado laboral y afectar la empleabilidad formal en el país.
El abogado laboralista Juan Manuel Guerrero, socio director de Guerrero&Asociados, fue uno de los primeros en alzar la voz sobre las implicaciones de las preguntas propuestas. Guerrero señaló que el propósito de la consulta parece ser introducir una inflexibilidad en el mercado laboral colombiano, particularmente en lo que respecta a los contratos de trabajo a término fijo y los de obra o labor determinada, dos modalidades ampliamente utilizadas por las empresas.
“Pretenden introducir una inflexibilidad en el mercado laboral colombiano, limitando la utilización de contratos de trabajo totalmente válidos, como lo son los contratos a término fijo y por obra o labor determinada. Estos contratos tienen la obligación de pago de todas las prestaciones sociales, aportes de seguridad social y, lo más importante, aportan a la empleabilidad formal en Colombia”, indicó Guerrero. En su opinión, el cambio propuesto podría generar un entorno laboral más rígido y perjudicar a los empleadores y a los trabajadores por igual.
Una de las principales preocupaciones de Guerrero está relacionada con el planteamiento de que los contratos a término indefinido se conviertan en la regla general, lo cual podría aumentar los costos laborales para las empresas y frenar la generación de empleo en el país. Según él, algunas de las propuestas, como la ampliación de la jornada nocturna de trabajo y el incremento de los recargos por trabajo en festivos y dominicales, solo incrementarán los costos de contratación laboral formal sin abordar adecuadamente los problemas estructurales del mercado laboral colombiano.
Camilo Cuervo, abogado laboralista y socio en Holland & Knight, también expresó su desacuerdo con las preguntas de la consulta popular. Cuervo argumentó que las preguntas demuestran un desconocimiento de la normatividad laboral vigente en Colombia. “Son preguntas etéreas y deshilvanadas, muchas de las cuales darían lugar a interpretaciones ambiguas que no resolverían los verdaderos problemas del mercado laboral en Colombia”, afirmó.
Una de las preguntas más controvertidas es la relacionada con el contrato de aprendizaje. En 2002, con la reforma de la Ley 789, se definió que este contrato tenía una naturaleza de aprendizaje y no de trabajo. Sin embargo, la consulta plantea modificar esta naturaleza, lo que, según Cuervo, podría eliminar uno de los mecanismos más efectivos que existen en Colombia para que los jóvenes se capaciten para su ingreso al mercado laboral.
Por su parte, Javier Eduardo Almanza, coordinador del área de derecho laboral del consultorio jurídico de la Universidad Del Rosario, también criticó la redacción de las preguntas. Según él, las mismas están mal construidas y pueden inducir a confusión entre los votantes, quienes podrían no entender correctamente los efectos de sus respuestas.
“Es importante señalar que estas 12 preguntas realmente buscan sacar adelante el proyecto de la reforma laboral a través de la consulta popular. No hay otro propósito detrás de ellas”, indicó Almanza. Añadió que, en el peor de los casos, si la consulta es aprobada por los votantes, esto no obligaría al Congreso a crear una ley, sino que simplemente podría llevar a un debate legislativo que no garantizaría la implementación de las reformas que proponen las preguntas.
Uno de los puntos que más resalta entre las críticas es la pregunta sobre la eliminación de la tercerización laboral y la propuesta de crear contratos sindicales que, según los expertos, dificultarían aún más la contratación de trabajadores en sectores clave de la economía. Para muchos, la eliminación de la tercerización podría resultar en una pérdida de flexibilidad en el mercado de trabajo, afectando tanto a las empresas como a los trabajadores que dependen de estos contratos.
Además, los expertos señalaron que varias de las preguntas ya están resueltas por la legislación vigente o ya tienen un trámite en curso. Por ejemplo, la pregunta sobre el reconocimiento de derechos laborales para trabajadores informales y trabajadores domésticos podría entrar en conflicto con las reformas laborales que ya se están debatiendo en el Congreso.
En cuanto a las microempresas, una de las preguntas plantea otorgarles incentivos y tasas preferenciales para sus proyectos productivos, lo cual es bien recibido por muchos, pero también existe la preocupación de que, si no se define claramente el tipo de incentivos, podría generar distorsiones en el mercado.
La consulta popular ha generado una serie de incertidumbres y preocupaciones entre los expertos, quienes esperan que el Congreso de la República realice un análisis profundo de las preguntas antes de aprobar cualquier tipo de medida. Lo que parece claro es que, independientemente del resultado de la consulta, se requiere un debate serio y técnico para reformar las condiciones laborales en Colombia, sin recurrir a medidas que podrían ser perjudiciales para el desarrollo del empleo formal y la estabilidad del mercado de trabajo.
Estas son las preguntas:
1. ¿Está de acuerdo con que el trabajo de día dure máximo 8 horas y sea entre las 6:00 a. m. y las 6:00 p. m.?
2. ¿Está de acuerdo con que se pague con un recargo del 100% el trabajo en día de descanso dominical o festivo?
3. ¿Está de acuerdo con que las micro, pequeña y medianas empresas productivas preferentemente asociativas reciban tasas preferenciales e incentivos para sus proyectos productivos?
4. ¿Está de acuerdo con que las personas puedan tener los permisos necesarios para atender tratamientos médicos y licencias por periodos menstruales incapacitantes?
5. ¿Está de acuerdo en que las empresas deban contratar al menos 2 personas con discapacidad por cada 100 trabajadores?
6. ¿Está de acuerdo con que los jóvenes aprendices del SENA y de instituciones similares tengan un contrato laboral?
7. ¿Está de acuerdo que las personas trabajadoras en plataformas de reparto y transporte acuerden su tipo de contrato y se les garantice el pago de seguridad social?
8. ¿Está de acuerdo con establecer un régimen laboral especial para que los empresarios del campo garanticen los derechos laborales y el salario justo a los trabajadores agrarios?
9. ¿Está de acuerdo en eliminar la tercerización e intermediación laboral mediante contratos sindicales que violan los derechos laborales?
10. ¿Está de acuerdo que las trabajadoras domésticas, madres comunitarias, periodistas, deportistas, artistas, conductores, entre otros trabajadores informales, sean formalizados o tengan acceso a la seguridad social?
11. ¿Está de acuerdo en promover la estabilidad laboral mediante contratos a término indefinido como regla general?
12. ¿Está de acuerdo con constituir un fondo especial destinado al reconocimiento de un bono pensional para los campesinos y campesinas?
Y.A.
