La indignación se apodera de Caldas y Risaralda luego de conocerse el secuestro y abuso sexual de una niña de 13 años por parte de su padrastro, líder espiritual de una iglesia cristiana; autoridades y organizaciones civiles piden mayor vigilancia institucional.
En un caso que ha causado profunda conmoción en el Eje Cafetero, el pastor evangélico José Erley Ramírez fue enviado a prisión tras ser señalado como el presunto autor del secuestro y abuso sexual de su hijastra de tan solo 13 años. Los hechos ocurrieron en la vereda San Andrés, zona rural del municipio de Chinchiná, departamento de Caldas, donde el acusado habría llevado con engaños a la menor para someterla.
Durante las audiencias preliminares de control de garantías, la Fiscalía General de la Nación le imputó los delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años y secuestro agravado, cargos que Ramírez no aceptó. No obstante, un juez ordenó su reclusión en centro carcelario, luego de considerar la gravedad de las pruebas presentadas por el ente acusador.
La denuncia fue posible gracias al coraje de la víctima, quien logró escapar del lugar en el que estaba retenida y gritó pidiendo auxilio. Las cámaras de seguridad del sector captaron el momento en que la menor, con cinta adhesiva en la boca, corría en busca de ayuda mientras era perseguida por su agresor. Vecinos del área acudieron al llamado, impidieron que el hombre la recapturara y, antes de la llegada de las autoridades, lo golpearon.
Uno de los testigos relató lo ocurrido con detalles estremecedores: “Y yo la miré y ella tenía cinta en la boca, ella ya estaba perdiendo el sentido, me pedía auxilio con los ojos. Cuando logramos aflojarle la cinta, ahí fue cuando dijo que la había violado y que la iba a matar”. Según el mismo testimonio, el agresor intentó escapar en una camioneta, pero tras estrellarse a unos 200 metros, se lanzó por un guadual, aunque posteriormente fue capturado a las afueras de una clínica en Pereira.
El relato de la víctima señala que todo fue premeditado. Ella había salido rumbo al colegio en el municipio de Santa Rosa de Cabal, en Risaralda, cuando fue interceptada y llevada por el pastor a una finca que él mismo habría alquilado meses antes. Allí fue violentada sexualmente y, según informaron las autoridades, el agresor tenía preparado un hueco con la aparente intención de enterrarla después del crimen.
El abogado de la menor, Julián Martínez, destacó el trabajo de la Fiscalía durante las diligencias judiciales: “La Fiscalía hizo una labor impecable sustentando los delitos imputados. En la audiencia de medida de aseguramiento también fue contundente con los elementos de prueba”. Añadió que el defensor del acusado pidió que la medida de aseguramiento no se cumpliera en una cárcel del Eje Cafetero por razones de seguridad, solicitud a la que ni él ni la Fiscalía se opusieron.
Otro detalle escalofriante del caso es que durante el crimen sonaba música cristiana a todo volumen dentro de la vivienda, para evitar que los vecinos escucharan los gritos de la menor, lo que evidencia una clara intención de encubrir el acto atroz.
El caso ha provocado un amplio rechazo en la comunidad local y nacional. Organizaciones defensoras de los derechos de los niños han reiterado el llamado urgente a fortalecer los mecanismos de prevención, especialmente cuando se trata de entornos religiosos, donde figuras como pastores o líderes espirituales pueden llegar a ejercer poder indebido sobre menores.
Además, este episodio vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre el control y la vigilancia de quienes ocupan posiciones de confianza y liderazgo dentro de iglesias y congregaciones religiosas. Aunque no representa a la totalidad de quienes practican su fe, este caso sí es una advertencia de los riesgos que existen cuando no hay supervisión ni mecanismos de rendición de cuentas.
Por ahora, José Erley Ramírez permanece bajo custodia de las autoridades, mientras avanzan las investigaciones judiciales. La comunidad espera que el proceso judicial avance con celeridad y que se imparta una justicia ejemplarizante, en defensa de los derechos y la dignidad de una menor que hoy representa a muchas víctimas silenciadas por el miedo o la confianza mal depositada.
Este hecho marca un precedente doloroso para el país, recordando que el abuso sexual infantil continúa siendo una grave problemática que exige no solo castigo penal, sino acciones preventivas integrales que protejan la vida e integridad de los niños y niñas en todos los contextos sociales, incluyendo aquellos donde se predica la fe.
Y.A.
