La defensa del hijo del presidente acusa a su expareja de incumplir los compromisos del acuerdo con la Fiscalía y de ejercer presiones indebidas, por lo que pide una audiencia urgente para revisar el beneficio legal.
La defensa de Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, elevó una solicitud ante el Tribunal Superior de Bogotá para que se convoque una audiencia de control judicial con el fin de suspender el principio de oportunidad concedido por la Fiscalía General de la Nación a su expareja, Day Vásquez, dentro del proceso penal que se adelanta por presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
El abogado Alejandro Carranza, defensor de Petro Burgos, radicó el documento dirigido a la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, en el que pide que se asigne un magistrado con funciones de control de garantías y se dé curso a la audiencia “con carácter urgente y prioritario”.
Carranza sostiene que “se han acreditado hechos sobrevinientes y actuales” que comprometerían el cumplimiento de las condiciones que justificaron el otorgamiento del beneficio legal a Daysuris Vásquez Castro, quien desde mediados de 2023 colabora con la Fiscalía en calidad de testigo dentro del proceso.
El abogado argumentó que su solicitud no solo representa técnicamente la defensa de Nicolás Fernando Petro Burgos, sino que también responde a la representación como víctima de Laura Andrea Ojeda Estupiñán, actual pareja del hijo del presidente. A su juicio, se trata de una acción que busca preservar “la objetividad procesal y la confianza pública en la administración de justicia”.
Cabe recordar que el principio de oportunidad fue legalizado el 2 de febrero de 2024 por el Juzgado 15 Penal Municipal con función de control de garantías de Barranquilla, otorgando a Vásquez un trato especial a cambio de su colaboración con las autoridades.
Sin embargo, según la defensa de Petro, desde la legalización del acuerdo, Vásquez habría incurrido en conductas que lo invalidarían, como el ocultamiento de bienes relevantes para el proceso, entre los que se menciona un vehículo de alta gama Mercedes Benz y un inmueble ubicado en el municipio de Tubará.
Además, el documento advierte que la exesposa del exdiputado del Atlántico estaría utilizando sus redes sociales y presencia en medios de comunicación para ejercer presión simbólica, intimidación y revictimización directa contra las personas involucradas en el caso, incluyendo a su defendido y a su actual pareja.
Carranza señala que estas acciones podrían constituir una violación directa a los compromisos que Day Vásquez suscribió como parte del principio de oportunidad, que contemplaban la obligación de no reiteración de conductas, colaboración con la justicia y contribución efectiva a la verdad.
Según el abogado, estas supuestas faltas comprometen no solo la validez del acuerdo, sino también el principio de buena fe procesal, la dignidad de las víctimas y la confianza de la ciudadanía en el actuar imparcial de la justicia.
“Esta solicitud se formula… como expresión de un deber constitucional”, enfatizó Carranza, quien ha insistido en que se revise de inmediato si Day Vásquez continúa siendo merecedora del beneficio judicial, en vista del impacto que sus actuaciones podrían tener en el desarrollo del proceso penal.
Hasta el momento, ni la Fiscalía General de la Nación ni el Tribunal Superior de Bogotá se han pronunciado oficialmente sobre la petición. No obstante, fuentes cercanas al caso señalan que el tema podría ser evaluado en los próximos días, dado que el documento ha sido recibido en estrados y se encuentra en etapa de reparto.
Este nuevo capítulo judicial se suma a un proceso que ha tenido múltiples giros y controversias, especialmente por la relación de Nicolás Petro con el actual jefe de Estado y la naturaleza de las acusaciones. La defensa insiste en que no puede haber impunidad, incluso en el caso de quienes se han presentado como colaboradores de la justicia.
El desarrollo de esta solicitud será clave para determinar si Day Vásquez continuará bajo los efectos del principio de oportunidad o si deberá responder de nuevo como imputada, en caso de que el tribunal encuentre fundamento suficiente para revocar la medida.
Y.A.
