El expresidente decidió continuar el proceso judicial en su contra, desestimando la solicitud de preclusión de la Fiscalía y reiterando que solo conoció el caso por los medios de comunicación.
En un giro inesperado dentro del proceso judicial por las chuzadas ilegales a los negociadores de paz del gobierno del expresidente Juan Manuel Santos, el expresidente Álvaro Uribe Vélez anunció públicamente su renuncia a la prescripción del delito de concierto para delinquir, propuesto por la Fiscalía General de la Nación, al afirmar de forma tajante que nunca participó en dichos hechos.
Durante la audiencia, Uribe expresó: “Ruego a usted no aceptar esta solicitud de preclusión. Me permito renunciar a la prescripción y voy a dar solamente una razón de señora juez. Está aprobado que yo me enteré de esos temas cuando aparecieron por los medios de comunicación. Nunca tuve participación”. Con estas palabras, el exmandatario reafirmó su voluntad de que el proceso continúe hasta esclarecer completamente su situación jurídica.
El caso gira en torno a las actividades del hacker Andrés Fernando Sepúlveda, condenado por interceptar ilegalmente las comunicaciones de varios de los representantes del Gobierno y de las FARC que participaban en los diálogos de paz en La Habana (Cuba) en el año 2014. Sepúlveda fue sentenciado a diez años de prisión, aunque en 2020 fue beneficiado con libertad condicional tras haber cumplido 80 meses, sumando tiempo físico y redenciones.
La fiscal delegada a cargo del caso aclaró que la solicitud de preclusión para Uribe solo aplicaba al delito de concierto para delinquir, el cual habría prescrito tras pasar el plazo de nueve años que establece la ley para esta etapa procesal. En efecto, el término de prescripción se cumplió el 5 de mayo de 2023, sin que se hubiese formulado imputación por ese cargo.
Sin embargo, el proceso contra el expresidente continúa vigente por otros delitos, entre ellos uso de software malicioso, violación de datos personales y acceso abusivo informático agravado. La Fiscalía sostuvo que, aunque el delito de espionaje fue archivado en su momento, las demás conductas ilícitas aún están bajo investigación, lo cual mantiene abierta la vía judicial en contra de Uribe Vélez.
Por su parte, el abogado defensor del expresidente, Jaime Granados, reiteró que Uribe no tiene ninguna responsabilidad penal en los hechos. “Nos causa perplejidad que después de casi once años todavía Uribe Vélez no haya tenido un pronunciamiento de la administración de justicia de fondo pese a que en el caso de Luis Alfonso Hoyos fue absuelto de los cargos y en el caso de Óscar Iván Zuluaga, su hijo y exgerente de campaña, también fue archivado el proceso”, enfatizó.
La declaración de Uribe sorprendió tanto a la defensa como a los observadores del proceso, pues renunciar a una figura jurídica como la prescripción implica asumir un juicio más prolongado con el propósito, según sus palabras, de demostrar su inocencia de manera clara y definitiva.
En medio de un escenario político polarizado, el proceso contra el expresidente ha generado múltiples reacciones. Para algunos, la decisión de Uribe de continuar en juicio es una muestra de voluntad de transparencia; para otros, representa un intento por desviar la atención del entramado más amplio de interceptaciones ilegales que marcaron el escenario político durante la última década.
Es importante recordar que el caso surgió en plena efervescencia del proceso de paz con la antigua guerrilla de las FARC, cuando sectores de la oposición denunciaron un supuesto entramado de espionaje con fines políticos. Aunque varias de las personas implicadas en su momento fueron absueltas o sus procesos archivados, la figura del hacker Sepúlveda se convirtió en el centro de un escándalo que todavía resuena en la opinión pública.
Ahora, con la renuncia de Uribe a la prescripción, la justicia tendrá el reto de avanzar con celeridad y garantizar un proceso riguroso. Mientras tanto, el país sigue atento a una de las investigaciones más emblemáticas de los últimos tiempos, en la que están en juego no solo responsabilidades penales, sino también la confianza en las instituciones democráticas.
Y.A.
