Por años, los derechos de petición han sido una herramienta clave para que los ciudadanos exijan respuestas al Estado. No es un favor: es un derecho fundamental consagrado en la Constitución. Pero en Cali, la capital del Valle del Cauca, ese derecho parece haberse perdido entre el papeleo acumulado y la indiferencia institucional. Ahora, ese descuido ha escalado al punto de convertirse en un hecho judicial sin precedentes recientes: una jueza ha emitido una orden de arresto contra el alcalde Alejandro Eder y su secretario de Gobierno, Gustavo Orozco.
El motivo es tan sencillo como alarmante: desacato a una orden judicial que les exigía responder miles —sí, miles— de derechos de petición radicados por ciudadanos que esperan una respuesta que no llega. Según denunció la concejala Ana Erazo, del Pacto Histórico, en la Secretaría de Movilidad reposan más de 46.000 solicitudes sin respuesta. El número es tan elevado que no se necesita dramatizar: habla por sí solo.
“Esta alcaldía no solo es antidemocrática, también es opaca, esconde información y desprecia el derecho ciudadano a ser escuchado”, dijo Erazo, en un pronunciamiento que parece apuntar más allá del problema legal y administrativo. La crítica es política, pero también ética: ¿qué tipo de gobierno ignora activamente a decenas de miles de ciudadanos?
La orden judicial es clara. Desobedecerla, como han hecho hasta ahora las cabezas de la administración caleña, no es solo una falta administrativa: es un delito de desacato, con consecuencias personales. Por eso la justicia actuó, y ahora Alejandro Eder, un alcalde recién posesionado que llegó con un discurso de modernidad y transparencia, enfrenta una medida de arresto. Es, por decir lo menos, un golpe fuerte a su credibilidad.
No se trata solo de trámites sin responder. Se trata del deber del Estado de escuchar. De dar la cara. De respetar a la ciudadanía. Y cuando la justicia tiene que entrar a hacer cumplir lo obvio, es porque algo mucho más profundo está fallando.
