En un giro inesperado, una jueza boliviana ha revocado la orden de captura contra el expresidente Evo Morales, que había sido emitida en el contexto de un caso de trata de personas. Esta decisión, tomada el miércoles, ha otorgado a Morales la libertad de continuar su proceso judicial sin enfrentar arresto, aunque el caso sigue en curso en la región de Cochabamba, una de las bases políticas y sociales más fuertes del exmandatario.
La orden de captura había sido emitida en 2024 por la fiscalía de Tarija, acusando a Morales de haber tenido un hijo con una menor de edad durante su mandato. Sin embargo, la decisión judicial de esta semana anuló la orden y ha permitido que el exmandatario recupere su «libertad irrestricta». Nelson Cox, abogado defensor de Morales, confirmó la anulación de la orden y aseguró que las autoridades competentes ya han sido notificadas de la nueva resolución.
A pesar de la revocatoria de la orden de captura, el proceso judicial continuará en Cochabamba, donde se llevará a cabo la reactivación de la investigación. Morales sigue enfrentando acusaciones que deberán ser evaluadas por el sistema judicial, pero, por ahora, la situación legal del expresidente se ha suavizado.
Este caso pone nuevamente en evidencia la complejidad de las relaciones políticas y judiciales en Bolivia, especialmente considerando el fuerte apoyo popular que Morales sigue teniendo en diversas regiones del país, particularmente en Cochabamba, donde la figura del exmandatario sigue siendo un referente clave. La controversia ha generado una división en la opinión pública, mientras los procedimientos judiciales continúan su curso.
La decisión de revocar la orden de captura, que se basó en una interpretación técnica de las leyes y procedimientos judiciales, plantea nuevas interrogantes sobre cómo se manejará el caso a medida que avancen las investigaciones.
