Alejandro Ramelli advierte que las barreras para la paz se profundizan por los ataques armados que han dejado más de 27 uniformados muertos y que constituyen crímenes de guerra no amnistiables.
El presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Alejandro Ramelli, realizó un enérgico llamado al Gobierno Nacional y a la sociedad colombiana para que se reevalúe el rumbo del proceso de paz, en medio de la escalada violenta generada por los llamados “planes pistola” ejecutados por grupos armados como el Clan del Golfo y las disidencias de las FARC. Según advirtió Ramelli en entrevista con La FM de RCN Radio, estas ofensivas han dejado un saldo trágico de 27 policías y militares asesinados en diferentes regiones del país, configurando una grave crisis de seguridad.
“Hay que repensar la paz en Colombia, ese ciclo de violencia que no se pudo cerrar con el acuerdo de 2016, hay que cerrarlo de alguna manera porque quien está sufriendo es la población civil”, expresó Ramelli. Añadió que si no se logra garantizar la seguridad en los territorios más golpeados por el conflicto, la violencia seguirá reproduciéndose, afectando tanto a civiles como a los esfuerzos institucionales de justicia transicional.
El magistrado recalcó que los homicidios selectivos contra miembros de la fuerza pública son considerados, desde el marco del derecho internacional, como crímenes de guerra. “Desde el punto de vista jurídico, este tipo de delitos son crímenes de guerra, porque se cometen contra personas que están fuera del servicio o en condiciones de indefensión. Son violaciones muy graves al derecho internacional humanitario, y por tanto, no son amnistiables”, enfatizó.
La ola de violencia, según Ramelli, no solo ha dejado víctimas humanas, sino que también ha tenido un fuerte impacto en el trabajo operativo y judicial de la JEP. El magistrado explicó que las alteraciones de orden público han obstaculizado procesos clave como la búsqueda de personas desaparecidas y la implementación de sanciones propias a comparecientes dentro del sistema de justicia transicional.
“Sí, efectivamente, esas alteraciones dificultan nuestras labores para llegar a zonas específicas, por ejemplo, en temas de búsqueda de desaparecidos. También complican la ejecución de sanciones en terreno”, explicó. Afirmó que la jurisdicción itinerante de la JEP, que viaja constantemente por el país para acercarse a las víctimas, se ha visto limitada por la falta de garantías de seguridad.
“Tenemos un sistema de monitoreo constante y hay regiones donde se nos dice claramente: ‘No pueden ir a determinada zona porque no hay garantías de seguridad’. Eso, evidentemente, afecta nuestra labor judicial”, añadió el presidente de la JEP, quien insistió en que esta situación impide que las víctimas del conflicto armado puedan ser escuchadas y que los responsables rindan cuentas en los territorios más afectados.
El llamado de Ramelli se produce en un momento crítico para el proceso de paz en Colombia, donde múltiples actores armados continúan ejerciendo control en regiones estratégicas, generando temor y desestabilización. El “plan pistola” es solo una muestra del resurgimiento de formas de violencia que ponen en jaque tanto la reconciliación nacional como el cumplimiento efectivo del Acuerdo de Paz de 2016.
El presidente de la JEP reiteró que, aunque la entidad está comprometida con avanzar en su mandato, sin un entorno seguro que facilite el acceso a los territorios, el proceso se ralentiza peligrosamente. En ese sentido, hizo un llamado al Estado colombiano para reforzar la presencia institucional, especialmente en las zonas históricamente olvidadas, donde hoy el control territorial lo ejercen actores ilegales.
Asimismo, instó a que se mantenga el enfoque de justicia restaurativa, pero sin perder de vista las condiciones actuales que requieren una respuesta decidida. “Debemos cerrar ese ciclo de violencia pendiente. La paz no puede darse por sentada, hay que construirla todos los días”, concluyó Ramelli.
Y.A.
