En una ofensiva jurídica y diplomática sin precedentes, el exgobernador del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Nicolás Iván Gallardo Vásquez, presentó su caso ante la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La acción busca revertir el fallo del Consejo de Estado de Colombia que anuló su elección por incurrir presuntamente en doble militancia.
Gallardo, quien viajó a la capital estadounidense para sostener reuniones con altos funcionarios de ambos organismos, afirmó que la decisión judicial desconoce la voluntad popular expresada en las urnas y vulnera los derechos políticos del pueblo raizal. “Expusimos nuestro caso por la defensa de la democracia en nuestro territorio y la protección de los derechos fundamentales de nuestra comunidad”, aseguró.
El Consejo de Estado anuló la elección del exmandatario el pasado 3 de abril, al considerar que, durante la campaña, apoyó públicamente a candidatos de partidos distintos al suyo, el Partido Liberal, lo cual constituye una violación a la Ley 1475 de 2011. La prueba principal fue un video en el que Gallardo expresa su respaldo a un aspirante a la Asamblea Departamental de otra colectividad.
No obstante, Gallardo ha cuestionado la legalidad del fallo, señalando supuestas inconsistencias en el proceso judicial, incluyendo modificaciones indebidas a la demanda y una cadena de custodia deficiente en las pruebas presentadas. Su defensa está encabezada por el abogado Víctor Mosquera, reconocido por su experiencia en litigios internacionales sobre derechos humanos y políticos.
El exgobernador también advirtió sobre los riesgos que esta decisión podría acarrear para la estabilidad del archipiélago. “Esta situación no solo tiene implicaciones jurídicas, sino también profundas repercusiones políticas, sociales y económicas”, manifestó. En declaraciones a medios nacionales, expresó su preocupación por un posible aprovechamiento de la crisis institucional por parte de actores externos, mencionando de forma indirecta al Gobierno de Nicaragua.
Gallardo confía en que la intervención internacional contribuya a la revisión del caso y a la eventual restitución de sus derechos políticos, al tiempo que hizo un llamado al presidente de la República para respaldar la lucha por el respeto a la elección popular en el departamento insular.
