El exdirector del DAPRE, Carlos Ramón González, deberá comparecer ante la Corte Suprema de Justicia para conocer el fallo de segunda instancia relacionado con la legalidad de las pruebas obtenidas en su contra dentro del proceso penal que lo vincula al escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
La cita judicial se da luego de que su defensa apelara una decisión del Tribunal Superior de Bogotá, que había validado procedimientos como la búsqueda selectiva en bases de datos y el acceso a sus dispositivos electrónicos. Estas diligencias fueron clave para que los investigadores rastrearan movimientos financieros, registros migratorios y comunicaciones que ahora hacen parte del expediente.
El centro del debate está en determinar si estas pruebas respetaron los principios del debido proceso. Si la Corte considera que se vulneraron garantías, los elementos podrían ser retirados del caso, lo que representaría un revés importante para la Fiscalía. Si se mantienen, el camino queda despejado para una eventual imputación formal.
González, cercano al círculo presidencial y figura reconocida dentro del Pacto Histórico, es investigado por su presunta participación en un esquema de tráfico de influencias desde su posición como alto funcionario del Gobierno. La acusación plantea que habría intervenido en decisiones contractuales que favorecieron a terceros.
El caso forma parte de una investigación más amplia que ya involucra a exfuncionarios de alto nivel y contratistas públicos. Algunos de ellos, hoy testigos de la Fiscalía, han entregado declaraciones comprometedoras sobre cómo se manipulaban recursos estatales desde las entrañas del poder.
La decisión de la Corte no solo impactará el futuro jurídico de González, sino que podría sentar un precedente sobre los límites de las facultades investigativas en casos de corrupción que rozan los altos niveles del Ejecutivo.
