Expertos alertan que cerca del 40 % de las empresas de vigilancia no cumplen con los seguros exigidos por ley, lo que expone a empleados y usuarios a riesgos legales y económicos.
El sector de la vigilancia y seguridad privada en Colombia enfrenta un preocupante nivel de incumplimiento normativo que podría derivar en graves consecuencias legales y económicas. De acuerdo con especialistas en la materia, las compañías que operen sin las pólizas obligatorias estipuladas por la ley se exponen a sanciones que oscilan entre 20 y 50 salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV), lo que equivale, al valor actual, a multas que pueden superar los $65 millones.
Aunque existe un marco regulatorio claro, consagrado en normas como el Decreto 356 de 1994 y la Ley 1920 de 2018 —conocida como la “Ley del Vigilante”—, aún persiste una preocupante informalidad dentro del sector. Según estimaciones de los gremios de seguridad, solo un 60 % de las empresas legalmente registradas cuenta con todos los seguros obligatorios vigentes. Esto significa que cerca de 4 de cada 10 compañías no ofrecen garantías básicas a sus empleados ni a los usuarios del servicio.
Una de las coberturas más relevantes es la póliza de responsabilidad civil extracontractual, la cual protege a terceros frente a posibles daños causados durante la prestación del servicio de vigilancia. Esta póliza es obligatoria y su costo anual puede oscilar entre $2 millones y $5 millones, dependiendo del número de empleados y el tipo de armamento que utilice la empresa.
Por otra parte, la Ley del Vigilante establece que toda empresa del sector debe contratar un seguro de vida colectivo para cubrir a todo el personal vinculado. La omisión de esta obligación no solo representa un incumplimiento normativo, sino que deja desprotegidos a miles de trabajadores que diariamente enfrentan riesgos inherentes a su labor.
El incumplimiento de estas exigencias no es un asunto menor. Según cifras de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, el 70 % de las sanciones impuestas en 2023 estuvieron relacionadas con la falta de pólizas obligatorias, lo que demuestra que esta es una de las principales falencias del sector.
En conversación con RCN Radio, Andrea Peñaranda, CEO de P&R Seguros, subrayó la magnitud del sector en la economía nacional. “En Colombia, la seguridad privada representa el 1,2 % del PIB, lo que equivale a $10,5 billones anuales, y genera empleo formal para más de 450.000 personas, incluyendo vigilantes, escoltas, supervisores y operadores tecnológicos”, precisó.
Peñaranda también alertó sobre la creciente presencia de empresas informales. “Hay cerca de 1.200 empresas de vigilancia constituidas legalmente, pero muchas otras operan sin registro ni pólizas, lo cual tiene consecuencias severas para empleados y clientes”, indicó. La experta remarcó que los seguros requeridos incluyen accidentes laborales, salud, vida, responsabilidad civil y responsabilidad profesional.
“No contar con estas pólizas no solo puede derivar en multas millonarias, sino también en demandas legales en caso de que un vigilante cause daños a terceros durante su servicio”, advirtió Peñaranda, quien además subrayó que contratar una empresa sin estas garantías puede poner en riesgo tanto el patrimonio como la seguridad jurídica de los usuarios.
El contexto del sector asegurador también muestra un panorama interesante. En 2024, el mercado asegurador colombiano reportó un crecimiento del 10,2 %, con un volumen de primas emitidas de $40,9 billones, lo que refleja una mayor confianza por parte de los ciudadanos y empresarios en estos mecanismos de protección.
Este crecimiento evidencia que hay una mayor conciencia sobre la necesidad de protección financiera ante eventualidades, lo cual debería trasladarse también al sector de la seguridad privada, donde aún queda un largo camino por recorrer en materia de formalización y cumplimiento normativo.
En conclusión, la falta de pólizas obligatorias en las empresas de vigilancia no solo pone en entredicho su legalidad, sino que amenaza los derechos de miles de trabajadores y la seguridad de quienes contratan estos servicios. La exigencia del cumplimiento normativo, por parte tanto del Estado como de los usuarios del servicio, se presenta como una medida indispensable para fortalecer un sector que cumple un rol clave en la sociedad colombiana.
Y.A.
