La Fiscalía solicitó una condena ejemplar de más de 14 años de prisión contra José Facundo Castillo Cisneros, exgobernador de Arauca, mientras su defensa pide prisión domiciliaria alegando problemas de salud.
En el marco del proceso judicial que se adelanta contra el exgobernador del departamento de Arauca, José Facundo Castillo Cisneros, este miércoles se dio inicio a la audiencia de lectura del fallo ante la Sala de Primera Instancia. El exmandatario fue hallado culpable por su responsabilidad en un caso de corrupción contractual, específicamente en dos contratos relacionados con el sector educativo, que superan los 9.800 millones de pesos.
La investigación, liderada por la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, reveló que durante el periodo comprendido entre 2020 y 2023, cuando Castillo Cisneros ejercía como gobernador, se firmaron dos contratos con sobrecostos evidentes. El primero por 2.498 millones de pesos, y el segundo por 7.312 millones de pesos. Ambos documentos estuvieron rodeados de un presunto entramado de corrupción que, según el ente acusador, involucró a otros funcionarios de su administración.
La Fiscalía señaló que las irregularidades no fueron aisladas y que existía una estructura articulada para desviar recursos públicos. De hecho, la Procuraduría General de la Nación ya había iniciado en su momento procesos disciplinarios contra algunos de los involucrados, reforzando la tesis de que se trató de una práctica sistemática dentro del gobierno departamental.
Durante la diligencia judicial, la Fiscalía sostuvo su solicitud de una pena de 178 meses de prisión (más de 14 años), argumentando que se configuró el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales. Además, pidió una multa de 241.66 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV) y una inhabilidad de 182 meses para ejercer cualquier cargo público.
Uno de los elementos clave del proceso fue la evidencia de que, tras la firma de los contratos, el exgobernador habría recibido en su cuenta bancaria dos consignaciones que sumarían 40’350.000 pesos, realizadas por Óscar Evelio Rodríguez, el contratista beneficiado con los acuerdos. La Fiscalía expuso este movimiento financiero como prueba de que hubo beneficio económico directo para Castillo Cisneros a cambio de la adjudicación.
Actualmente, el exgobernador se encuentra privado de la libertad en la cárcel La Picota de Bogotá desde el 20 de octubre de 2021. No obstante, durante la audiencia, su defensa presentó una solicitud para que se le conceda prisión domiciliaria, alegando que el procesado padece complicaciones de salud que requieren atención médica constante, así como tratamientos psicológicos y psiquiátricos que no se le estarían brindando adecuadamente en el centro carcelario.
La petición ha generado controversia, dado el carácter del delito y la magnitud de los recursos comprometidos. Mientras la Fiscalía insiste en la necesidad de una condena ejemplarizante, la defensa argumenta que mantener a Cisneros en prisión podría agravar su estado de salud.
Este no es el único proceso judicial en contra del exgobernador. Castillo Cisneros enfrenta una segunda investigación relacionada con irregularidades en su segundo periodo de gobierno, también correspondiente a los años 2020 a 2023. Las autoridades no han descartado que existan más contratos irregulares o una red de corrupción más amplia en el departamento de Arauca.
La situación jurídica del exgobernador se convierte en otro caso emblemático de corrupción regional, un fenómeno que continúa socavando la confianza ciudadana en las instituciones públicas. Además, pone de relieve la necesidad de fortalecer los mecanismos de vigilancia y control sobre la contratación estatal en las regiones, especialmente en sectores tan sensibles como la educación.
El caso ha despertado la atención nacional, no solo por el monto de los recursos implicados, sino también por la estrategia de defensa basada en motivos humanitarios. Mientras el país espera la decisión final del tribunal, la discusión sobre si es pertinente otorgar casa por cárcel a quienes han sido condenados por delitos de corrupción administrativa sigue abierta y dividida.
Y.A.
