Una jueza federal en California ha dictado una orden histórica que prohíbe a la Patrulla Fronteriza de EE.UU. realizar arrestos sin una orden judicial en gran parte del estado. La decisión fue tomada luego de una redada llevada a cabo por agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) en el condado de Kern, una región agrícola, en la que fueron detenidos decenas de trabajadores, incluidos ciudadanos estadounidenses.
El fallo, emitido por la jueza Jennifer Thurston, establece que los agentes de la Patrulla Fronteriza no pueden realizar arrestos sin una causa probable o sin una orden judicial, salvo que exista una sospecha razonable de que la persona está en el país de manera ilegal y haya riesgo de fuga. Esta medida afecta específicamente a las futuras operaciones de la Patrulla Fronteriza en el Distrito Este de California, que abarca desde Bakersfield, al norte de Los Ángeles, hasta la frontera con Oregón.
La decisión se originó tras una demanda presentada por la Unión de Trabajadores Agrícolas (UFW) y la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), quienes acusaron a los agentes de migración de realizar un operativo fuera de su jurisdicción, viajando más de 500 kilómetros hasta el condado de Kern. Durante la redada, que tuvo lugar los días 7 y 8 de enero, varios campesinos fueron detenidos sin explicación clara y transportados hasta un centro de detención en la frontera de California con México.
La jueza Thurston destacó que las prácticas empleadas por la Patrulla Fronteriza causaron un daño irreparable a las personas afectadas por la redada. «Las acciones de los agentes han violado los derechos de los individuos detenidos, especialmente en una comunidad que depende de su trabajo agrícola», escribió la magistrada en su fallo, que abarca la documentación de todas las detenciones sin orden judicial en la región mencionada.
El impacto de la redada fue significativo, ya que muchos de los detenidos fueron separados de sus familias y, en algunos casos, enviados a México. Al menos 40 residentes de larga data del condado de Kern quedaron varados en el país vecino, distanciados de sus seres queridos y sus hogares. La ACLU calificó el operativo de «discriminación racial», señalando que la mayoría de los detenidos eran personas de ascendencia latina.
Bree Bernwanger, abogada principal de la ACLU del Norte de California, celebró la decisión judicial y reiteró que «este fallo afirma la dignidad y los derechos constitucionales de todas las personas». Además, instó a la Patrulla Fronteriza a poner fin a las prácticas ilegales de detención y arresto, que según la ACLU, son una violación de las leyes estadounidenses.
Por su parte, Teresa Romero, presidenta de la UFW, denunció que las acciones de la Patrulla Fronteriza son un ataque a la comunidad trabajadora. «No podemos permitir que la Patrulla Fronteriza continúe deteniendo y separando a personas trabajadoras solo por su color de piel y su clase social», declaró.
Este fallo marca un hito en la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos, especialmente en un estado con una población diversa y una economía agrícola que depende en gran medida de la mano de obra inmigrante. La Patrulla Fronteriza deberá ahora revisar sus procedimientos y garantizar que los derechos de los individuos sean respetados durante futuras operaciones en la región.
