La empresa de energía solicita más de un billón de pesos para pagar a generadoras y proveedores, y pide la intervención urgente del Gobierno para garantizar la continuidad del servicio.
En medio de una crítica situación financiera, la empresa Air-e lanzó un llamado de auxilio a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (Superservicios), solicitando un salvavidas financiero que le permita cumplir con sus obligaciones económicas con generadoras de energía y proveedores, cuya deuda acumulada ya supera el billón de pesos. La solicitud fue presentada por Diana Bustamante, agente especial de la compañía, quien advirtió que sin estos recursos la continuidad del servicio estaría en riesgo en departamentos como Atlántico, Magdalena y La Guajira.
“Adicionalmente, los recursos que requerimos nos servirán para atender las obligaciones que tenemos con los agentes del mercado que, como bien todos conocemos, son aproximadamente, a la fecha, 1.1 billones de pesos. Es muy importante que Air-e disponga de estos recursos para poder continuar con la operativa”, afirmó Bustamante.
La funcionaria también se refirió al papel del Ministerio de Hacienda, al que exhortó para que cumpla con el giro de subsidios de ley que están pendientes y que ayudarían a aliviar parte de la crisis financiera. Estos subsidios, contemplados por la normativa vigente, representan una fuente clave para que la empresa pueda continuar con la prestación del servicio y avanzar en su estabilización operativa.
“Esperamos la urgente intervención de la Superservicios para que se garanticen los dineros que se requieren para las generadoras y proveedores. Por un lado, está la energía que requerimos para distribuir y por otro los materiales para la operación de la empresa”, agregó.
En paralelo, Air-e continúa apostando al programa “Colombia Solar”, como parte de su estrategia para diversificar las fuentes de energía y disminuir los costos de operación. Según Bustamante, el Caribe colombiano tiene un enorme potencial para el desarrollo de proyectos fotovoltaicos, lo que permitiría a futuro reducir el valor de la factura eléctrica y avanzar hacia una matriz energética más sostenible.
“No permitiremos que el Atlántico, Magdalena y La Guajira se apaguen, por eso adelantamos un trabajo articulado con el Gobierno Nacional”, afirmó Bustamante, subrayando el compromiso de la empresa para mantener la prestación del servicio pese a las adversidades.
Mientras tanto, el debate sobre el pago de subsidios ha escalado hasta llegar a los organismos de control. La Contraloría General de la República, en conjunto con la Procuraduría General de la Nación, firmó una orden para indagar el cumplimiento de los acuerdos establecidos por el Ministerio de Minas y Energía, en relación con los desembolsos a las empresas del sector.
Esta intervención ocurre tras las declaraciones del presidente de Andesco, Camilo Sánchez, quien advirtió la necesidad de hacer seguimiento al cumplimiento de estos pagos por parte del Gobierno Nacional. “Esta solicitud de Andesco es una solicitud que ya estaba siendo ejecutada por parte del contralor y el procurador, quienes ya habían tomado la iniciativa, no solamente de convocar una mesa técnica hace mes y medio en la Contraloría en Bogotá, sino que también habían logrado el concurso y el compromiso del ministro de Minas, para verificar cuál era la forma más adecuada, conjuntamente con el Ministerio de Hacienda, de definir el cumplimiento de esas obligaciones”, informó la Contraloría.
La situación de Air-e se suma al complejo panorama del sector eléctrico en la región Caribe, que históricamente ha enfrentado desafíos estructurales como deudas heredadas, déficits operativos, y una alta dependencia de recursos del Gobierno para mantener la estabilidad financiera. Pese a los avances en infraestructura y nuevas inversiones, las empresas que operan en esta zona siguen siendo vulnerables a retrasos en el giro de subsidios y a fluctuaciones en el mercado eléctrico nacional.
Con esta solicitud de intervención, Air-e busca una solución de fondo que permita no solo responder a sus acreedores, sino garantizar la sostenibilidad energética en una de las regiones más sensibles del país. La expectativa ahora recae sobre la Superservicios, el Ministerio de Minas y Energía, y el Ministerio de Hacienda, cuya respuesta será determinante para el futuro inmediato del servicio eléctrico en la costa norte colombiana.
