El nombre de Emilio Tapia, protagonista del escándalo del «cartel de la contratación», vuelve a sonar con fuerza en una nueva controversia relacionada con contratos públicos. A pesar de su detención por el caso de Centros Poblados, el excontratista estaría vinculado a otro entramado que involucra 1.050 tiendas, 6.500 empleados y supuestas maniobras irregulares para apoderarse de un operador logístico clave.
El caso también involucra a un exgobernador con problemas legales y una congresista que, según los rumores, habría jugado un papel crucial en el nombramiento de un agente interventor, lo que podría facilitar el control de estas operaciones.
El escándalo ha generado una ola de incertidumbre y preocupación, ya que parece que Tapia, junto a otros actores del «cartel de la contratación», estaría intentando tomar el control de este nuevo sector, con un esquema similar al de la rebaja o manipulación de contratos que lo hizo famoso.
El desarrollo de esta situación mantiene en vilo a las autoridades y a la ciudadanía, quienes siguen de cerca los movimientos legales que podrían involucrar nuevamente a Tapia en un esquema de corrupción.
