¡Alcaldes y gobernadores NO pueden cobrar tasas en las facturas de servicios públicos!
La @comisioncreg confirma que sin autorización expresa de los usuarios, es ilegal realizar cobros tributarios en las facturas de servicios públicos domiciliarios, dándole la razón al ministro… pic.twitter.com/ZBaFbI1GqY
— Javier Torres Betancourt (@JaviTorresBet) April 4, 2025
En un pronunciamiento clave para la protección de los derechos de los ciudadanos, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) ha ratificado que es ilegal incluir cobros tributarios o tasas adicionales en las facturas de servicios públicos domiciliarios sin la autorización expresa de los usuarios.
Esta aclaración de la CREG respalda la posición sostenida por el presidente Gustavo Petro y el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, quienes en reiteradas ocasiones han denunciado cobros injustificados en las facturas, particularmente en la región Caribe, donde se han registrado numerosas quejas por aumentos inexplicables.
“Se trata de la misma tasa de seguridad que tienen los habitantes del departamento del Atlántico y contra la que llevan luchando varios años, el cobro de esta tasa trae consigo implicaciones jurídicas y económicas donde se les impone a los usuarios un valor fijo independiente de su consumo de energía, lo que contradice los principios de justicia y equidad tributaria establecidos en la Constitución”, expresó el Ministro.
Según la Ley 142 de 1994, que regula los servicios públicos en Colombia, cualquier tarifa o cargo adicional debe contar con el consentimiento explícito del usuario y estar debidamente justificado. La CREG recordó que los gobiernos locales no tienen la facultad de imponer tributos a través de las facturas de energía, agua o gas, a menos que exista un mecanismo legal claro y aprobado por los ciudadanos.
La controversia ha tomado mayor fuerza después de que varios usuarios denunciaran incrementos inusuales en sus recibos, atribuidos a cobros que no fueron informados ni aceptados previamente. Este tipo de prácticas vulnera la normatividad vigente y genera una carga económica injusta para las familias colombianas.
La Superintendencia de Servicios Públicos también ha anunciado que está en marcha un proceso de revisión para eliminar cobros ilegales o indebidos en las facturas, como parte del compromiso del Gobierno del Cambio por garantizar servicios públicos justos y transparentes.
El Gobierno Nacional ha hecho varios llamados a las Gobernaciones, Alcaldías y Asambleas Departamentales para que tengan en cuenta que este tipo de cobros no deben ser asumidos por los usuarios del servicio de energía eléctrica y menos, como medidas transitorias que terminan convirtiéndose en decisiones permanentes.
Esta medida es un paso importante en la lucha contra los abusos en la facturación, y refuerza el mensaje del Gobierno Nacional: la defensa de los derechos del usuario está por encima de cualquier interés particular o político.
