El órgano de control abrió indagación para establecer si hubo uso excesivo de la fuerza en el retiro del cabildante Miguel Martínez Olano durante una sesión el pasado 23 de abril.
La Procuraduría General de la Nación abrió una indagación previa contra funcionarios por determinar del Concejo de Santa Marta y de la Policía Metropolitana de esa ciudad, tras los hechos ocurridos el pasado 23 de abril durante una agitada sesión, en la que el concejal Miguel Martínez Olano fue retirado por uniformados de la sede de la corporación.
La Procuraduría Regional de Instrucción del Magdalena inició el proceso con el objetivo de esclarecer lo sucedido, dado que, aunque el concejal se negó a acatar la orden de abandonar el recinto, dada por el presidente del Concejo, Pedro Gómez, “se advierte el uso de la fuerza por parte de miembros de la Fuerza Pública, la cual se requiere evaluar si su aplicación fue de manera excesiva o no”, señala el documento de apertura.
El órgano de control busca no solo identificar a los servidores públicos involucrados en el altercado, sino también individualizarlos dentro del expediente disciplinario para determinar si procede o no una investigación formal en su contra. La situación ha puesto bajo la lupa el comportamiento tanto de los funcionarios civiles como de la fuerza pública en un espacio de deliberación democrática.
La escena que desató el escándalo comenzó cuando Pedro Gómez solicitó formalmente a Miguel Martínez Olano que se retirara de la sesión. Ante la negativa de este último, se recurrió a la intervención de uniformados de la Policía Metropolitana, quienes intentaron persuadir al concejal para que cumpliera con la orden. Sin embargo, la resistencia de Martínez, quien incluso llegó a sentarse o acostarse en el suelo, hizo que el procedimiento escalara rápidamente.
Por orden del Alcalde de Santa Marta y el presidente del Concejo Pedro Gómez, la Policía Nacional me agrede en el recinto del Concejo pic.twitter.com/nwk6J0S6af
— Miguel Martínez Olano (@ElMonoMartinez_) April 23, 2025
En uno de los momentos más tensos del incidente, captado en videos que circularon en redes sociales, se escucha a Martínez Olano advertir: “Si me tocan, voy a armar un mierdero”, una declaración que avivó la controversia dentro y fuera del recinto. El episodio no tardó en provocar una ola de debates sobre los límites del uso de la fuerza pública en escenarios democráticos y sobre la responsabilidad de los actores políticos en situaciones de alta tensión.
El escándalo no terminó allí. En medio del revuelo, surgió un video de 2023 en el que se muestra al propio Miguel Martínez Olano, entonces como presidente de la Comisión Tercera, ordenando el retiro de otro concejal, Ordoñez, acusándolo de irrespetar la presidencia de la corporación. Aquel procedimiento se realizó sin necesidad de emplear la fuerza, lo que ha generado fuertes acusaciones de incoherencia y doble moral contra Martínez.
Durante la sesión posterior al incidente, el concejal Jorge Argüelles intervino para criticar duramente a su colega, calificando su comportamiento como “premeditado”. Argüelles comparó el trato dado en ambos episodios y lamentó que Martínez, quien en el pasado pidió el retiro de un compañero sin inconvenientes, ahora se opusiera de manera violenta a una orden similar.
El caso ha adquirido una dimensión nacional no solo por la posible vulneración de derechos y el debate sobre el uso de la fuerza, sino también por las implicaciones que tiene para la convivencia política dentro de las instituciones locales. La posibilidad de que funcionarios públicos hayan incurrido en faltas disciplinarias mantiene expectante al Concejo y a la ciudadanía de Santa Marta.
La Procuraduría continúa en la etapa de recolección de pruebas y testimonios. De confirmarse un uso excesivo de la fuerza o actos contrarios a la ética y la normatividad disciplinaria, podrían derivarse sanciones administrativas o disciplinarias contra los responsables.
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— Miguel Martínez Olano (@ElMonoMartinez_) April 25, 2025
Este episodio pone de nuevo sobre la mesa la creciente tensión entre la autoridad institucional y el respeto a los procedimientos democráticos. La intervención de la fuerza pública en un espacio como el Concejo Distrital de Santa Marta, así como la actitud de los concejales frente a las normas y la investidura que representan, se convierten en puntos clave para evaluar la salud democrática de las instituciones locales.
Más allá del escándalo mediático, lo ocurrido deja en evidencia la necesidad urgente de fortalecer las normas de convivencia política, la formación ética de los servidores públicos y los protocolos de intervención en escenarios democráticos, para evitar que situaciones como esta sigan deteriorando la ya frágil confianza ciudadana en las instituciones.
Y.A.
