El juez de Villanueva halló culpable al exmandatario de La Jagua del Pilar por orquestar una red de trashumancia electoral que alteró los comicios locales de 2015 en La Guajira.
Por: Redacción.
DIARIO LA LIBERTAD.
La justicia colombiana continúa cerrando el cerco contra la corrupción electoral. El pasado 25 de abril, el juez segundo promiscuo del Círculo de Villanueva, La Guajira, Cristian Camilo López Pontón, profirió una sentencia condenatoria contra José Amiro Morón Núñez, exalcalde del municipio de La Jagua del Pilar, tras hallarlo responsable del delito de fraude en inscripción de cédulas durante el proceso electoral de 2015.
Según lo establecido en el fallo, Morón Núñez logró que personas habilitadas para votar inscribieran su cédula de ciudadanía en un municipio diferente al de su residencia o nacimiento. A cambio, se ofrecían incentivos económicos, becas educativas y promesas de contratos laborales, con el claro propósito de garantizar su victoria en los comicios locales.
El despacho judicial fue contundente al señalar que “durante los años 2014-2015 se constituyó una organización criminal integrada por funcionarios y particulares, quienes diseñaron y ejecutaron una campaña electoral plagada de irregularidades”, en la cual Morón Núñez participó activamente. Esta estructura ilícita se enfocó en alterar de manera sistemática el censo electoral del municipio de La Jagua del Pilar, afectando gravemente la transparencia de las elecciones.
Entre las estrategias desplegadas por la red criminal, el juzgado destacó el “traslado masivo de jóvenes provenientes de municipios vecinos como Valledupar, Villanueva y Urumita”, quienes fueron inscritos de forma fraudulenta en el censo de La Jagua del Pilar. Testimonios presentados durante el juicio revelaron que a los jóvenes se les ofrecía entre 100.000 y 200.000 pesos, además de promesas de becas universitarias y contratos laborales, como incentivo para alterar su lugar de votación.
La Fiscalía General de la Nación desempeñó un papel crucial en el proceso, logrando demostrar —mediante múltiples testimonios, pruebas documentales y registros electorales— que José Amiro Morón Núñez, quien en ese entonces se desempeñaba como secretario de Hacienda municipal, lideró y coordinó personalmente la estrategia de trashumancia electoral. Su actuación fue clave para su elección como alcalde para el período 2016-2019.
En su defensa, Morón Núñez negó haber actuado con dolo, asegurando que “no había participado conscientemente en actividades ilícitas” y responsabilizando a terceros de las irregularidades. Sin embargo, el despacho judicial consideró que las pruebas aportadas en juicio fueron “contundentes, uniformes y coherentes”, suficientes para derrumbar su presunción de inocencia.
Uno de los aspectos relevantes del fallo es que el juez reconoció que, aunque los delitos de concierto para delinquir, corrupción al sufragante y constreñimiento al sufragante habían prescrito, el cargo de fraude en inscripción de cédulas se mantuvo vigente, permitiendo que se dictara sentencia condenatoria. Esta particularidad jurídica fue clave para que el proceso no terminara en impunidad.
Durante la audiencia de individualización de pena, la Fiscalía solicitó imponer una condena ubicada en el segundo cuarto de la escala punitiva, dada la gravedad de los hechos y el impacto en los mecanismos de participación democrática. Por su parte, la defensa pidió al juez que “se impusiera la pena mínima y se concediera la prisión domiciliaria”, alegando el arraigo familiar y la condición de infractor primario de José Amiro Morón Núñez.
Finalmente, el juez reafirmó que el exalcalde, “actuando como servidor público, diseñó y ejecutó un esquema de alteración de la voluntad popular mediante la inscripción fraudulenta de votantes”, configurando una violación grave a los principios democráticos que rigen los procesos electorales en Colombia.
La pena definitiva y la decisión sobre la solicitud de prisión domiciliaria quedarán en firme una vez la sentencia sea debidamente ejecutoriada. Esta condena representa un nuevo golpe a las estructuras políticas que han intentado perpetuar su poder mediante prácticas corruptas en departamentos como La Guajira, históricamente afectados por el fraude electoral.
Con este fallo, se envía un mensaje claro sobre la importancia de proteger la transparencia electoral y la necesidad de sancionar severamente a quienes, desde posiciones de poder, vulneran los mecanismos legítimos de elección popular en el país.
Y.A.
