Santa Marta lleva décadas buscando una solución definitiva al problema del agua. Y aunque los anuncios son constantes, las certezas siguen tan esquivas como el mismo líquido. En esta ocasión, el viceministro de Agua y Saneamiento Básico, Edward Libreros, detalló los avances —y tropiezos— de los proyectos que deberían marcar un antes y un después en el suministro para esta ciudad caribeña. Entre los temas abordados estuvo el polémico plan maestro de acueducto y alcantarillado, la planta desalinizadora de Taganga y las tensiones entre el Gobierno nacional, la alcaldía y la intervenida ESSMAR.
Uno de los puntos neurálgicos es el plan parcial de El Curval, de donde se esperaba una solución estructural para el abastecimiento de agua. Libreros explicó que desde el Ministerio de Vivienda se viabilizó a finales de 2024 un proyecto de estudios y diseños que serviría como hoja de ruta para futuras obras. Sin embargo, todo sigue en la etapa inicial: papeles, diseños, discusiones técnicas. Se pretende integrar este plan con los esfuerzos previos liderados por el DNP y la ANI para que, con suerte, haya una articulación real y no una colcha de retazos.
Pero hay algo claro: será el Gobierno nacional quien terminará ejecutando gran parte de los proyectos que originalmente estaban bajo la batuta del Distrito. Según el viceministro, esto se debe, en parte, a la falta de comunicación efectiva con la ESSMAR, que ni siquiera fue consultada en algunos tramos del plan.
*La planta desalinizadora: ¿agua para saciar la sed o para alimentar dudas?*
Uno de los anuncios más mediáticos fue la inauguración en julio de una planta desalinizadora en Taganga. Suena bien: más agua para una comunidad sedienta. Pero la letra pequeña inquieta. Lo que se pondrá en marcha será una planta modular, provisional, posiblemente traída desde San Andrés. Se utilizaría con una concesión de captación de agua marina propiedad de la Universidad del Magdalena.
Libreros fue claro: esto es un *»plan de choque»,* no la solución definitiva. Además, hay múltiples preguntas sin respuesta:
*¿Quién va a pagar los 8.000 pesos por metro cúbico que cobraría el operador, cuando la tarifa actual en la ciudad ronda los 2.500 pesos?*
*¿Y quién asumirá los costos de la infraestructura de acueducto y alcantarillado necesarios para hacer viable el proyecto?*
Nadie lo sabe con certeza. Lo único concreto es que sin un marco regulatorio especial y sin estudios de costos actualizados, el proyecto está lleno de zonas grises.
*La ESSMAR: ¿actor clave o figura decorativa?*
El telón de fondo de esta historia es el papel cada vez más ambiguo de la ESSMAR, la empresa prestadora de servicios públicos intervenida por la Superintendencia. Aunque el viceministro insiste en que la empresa ha sido parte de las mesas de trabajo, también admite que hay problemas de comunicación y una falta de integración clara en los proyectos clave, como los trabajos en la Estación de Bombeo de Aguas Residuales Norte (EBARN), que avanzan sin tener en cuenta a ESSMAR.
La empresa tampoco tiene claro qué pasará con la planta desalinizadora. Ni siquiera conoce detalles del contrato, ni de quién será el operador, ni de cómo se financiarán los servicios adicionales que exige el proyecto.
A esto se suman episodios como el intento de sabotaje en la estación de bombeo justo antes de Semana Santa, que desató una ola de recriminaciones entre el Distrito y el Gobierno nacional. Mientras tanto, lo que se pierde es tiempo… y agua.
*Entre tensiones y cifras*
Según las estimaciones más conservadoras, llevar agua potable hasta Taganga cuesta hasta 32.000 pesos por metro cúbico en temporada seca. Sin embargo, el costo de llevar el agua en carrotanques, que se ha usado como referencia, ronda los 16.000 pesos. La ESSMAR rechazó esa cifra como referente argumentando que representaba la ineficiencia del modelo actual. En medio de esa disputa tarifaria, no se sabe aún si el subsidio lo pagará el Estado, el distrito o, como siempre, el usuario final.
*El dilema institucional: ¿devolver o liquidar?*
Finalmente, está el gran interrogante: *¿se debe devolver la ESSMAR al Distrito?.* El Gobierno nacional no lo descarta, pero tampoco lo ve viable en el corto plazo. Las razones son principalmente financieras: el Distrito ha reconocido que no tiene cómo asumir la deuda acumulada, que supera los *300 mil millones de pesos.* Levantar la intervención significaría desbloquear esas obligaciones y, con ello, arriesgar la continuidad del servicio.
*¿Un nuevo comienzo?*
Libreros cerró su intervención con un llamado a dejar atrás las disputas políticas y trabajar juntos. Hizo énfasis en la necesidad de evitar que las diferencias personales se conviertan en bloqueos institucionales. Un mensaje esperanzador, pero que ya se ha escuchado antes.
Mientras tanto, Santa Marta sigue esperando una solución que no sea temporal ni improvisada. Porque la ciudad no necesita más ruedas de prensa ni anuncios con bombos y platillos. Necesita agua. Y la necesita ya.
