La posible terminación anticipada del contrato para la restauración del Canal del Dique podría costarle a la Nación más de 434.000 millones de pesos sin recibir los beneficios ambientales y sociales contemplados. Así lo advirtió el contralor general de la República, Carlos Hernán Rodríguez, durante una rueda de prensa ofrecida en el muelle La Bodeguita de Cartagena.
El funcionario recordó que esta alerta ya había sido enviada en noviembre de 2024 a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y al Ministerio de Ambiente, debido al alto impacto económico que acarrearía una finalización del contrato sin responsabilidad por parte del concesionario.
Rodríguez explicó que, además del riesgo fiscal, preocupa profundamente la situación social y ambiental. De concretarse la cancelación, quedarían desprotegidas cerca de 200.000 hectáreas y más de 1,5 millones de personas en los 19 municipios de la zona de influencia del Canal, especialmente ante las lluvias extremas que se esperan debido al cambio climático.
Asimismo, la Contraloría alertó sobre el deterioro ambiental del canal por el ingreso descontrolado de sedimentos y la posible pérdida de más de 213.000 millones de pesos en recursos destinados a la gestión social, ambiental e institucional. También se vería afectada la inversión de 11.000 millones ya ejecutada en consultas previas con comunidades.
No obstante, el contralor señaló que aún es posible evitar este escenario mediante alternativas como modificar el contrato para cumplir con los requisitos de la ANLA, evaluar la viabilidad legal de excluir algunas zonas del licenciamiento ambiental, agilizar la aprobación de estudios técnicos, y asegurar el cumplimiento contractual por parte del concesionario.
La Contraloría hizo un llamado urgente a las autoridades responsables para actuar con prontitud y evitar consecuencias irreparables para el país, destacando la importancia de preservar este megaproyecto por el bienestar ambiental y social del Caribe colombiano.
