Acciones urgentes para garantizar derechos de población habitante de calle en Cúcuta

La Procuraduría General de la Nación solicitó a la Policía Metropolitana de Cúcuta (MECUC), dar respuesta a la denuncia pública ante un presunto uso excesivo de la fuerza contra una persona habitante de calle en la ciudad.
La actuación preventiva del ente de control se da como respuesta a un video divulgado en medios de comunicación y redes sociales, en el que se observa a un uniformado despertando con una pistola tipo táser a un ciudadano que dormía en vía pública.
De acuerdo con el ente de control esta situación podría estar vulnerando los derechos de una población considerada de especial protección constitucional.
Adicionalmente, en el oficio enviado a la Policía Metropolitana de Cúcuta (MECUC), el Ministerio Público solicitó información sobre las actuaciones adelantadas en el marco de sus competencias con el fin de esclarecer los hechos y verificar las actuaciones adelantadas en este asunto.
Así mismo, se requirió la implementación o fortalecimiento de programas de capacitación sobre el trato digno hacia la población habitante de calle; un informe sobre las actividades que se han adelantado o están programadas, además, de la revisión a los protocolos de intervención frente a esta población, priorizando enfoques de derechos humanos, diálogo y uso proporcional de la fuerza.
En la Circular 002 de 2025, la Procuraduría recuerda a las autoridades territoriales “su deber de garantizar la atención integral, dignidad humana y no discriminación de las personas en situación de calle, de acuerdo con lo establecido en la Ley 1641 de 2013 y el Decreto 1285 de 2022”.
A través de un enfoque basado en el diálogo, la Procuraduría busca prevenir afectaciones sociales y humanitarias mediante una vigilancia preventiva que refuerce la confianza institucional y garantice los derechos fundamentales de comunidades vulnerables.
Finalmente, el ente de control destacó que continuará adelantando vigilancia y seguimiento a la garantía de los derechos de la población habitante de calle en todo el territorio nacional, reiterando el compromiso con la protección de sus derechos por su condición de alta vulnerabilidad.