La vigencia de once decretos clave para la seguridad y el desarrollo de la región de Catatumbo se extiende por 90 días, mientras la población espera avances concretos.
La región del Catatumbo se encuentra nuevamente en una encrucijada crucial para su futuro, ya que el gobierno de Gustavo Petro ha decidido extender por 90 días la vigencia de once decretos legislativos que fueron emitidos durante el estado de comunión interior. Esta prórroga trae consigo expectativas de avance en la restauración del orden y la paz en una zona que ha sido severamente golpeada por la violencia del ELN y las disidencias de las FARC, lo que ha provocado el desplazamiento forzado de más de 65 mil personas.
A través de la decisión de mantener en vigor ciertos decretos, se busca continuar con las medidas que afectan áreas clave como la intervención militar, la protección de líderes sociales y la sustitución de cultivos ilícitos. Sin embargo, esta nueva fase viene acompañada de un sentimiento ambivalente, ya que, aunque se espera que los decretos contribuyan a la recuperación de la seguridad en la región, los avances en este sentido han sido limitados hasta ahora.
Luis Fernando Niño, Alto Consejero para la Paz en Norte de Santander, explicó en entrevista con RCN Radio que las medidas que seguirán vigentes incluyen aquellas que se ocupan de la protección de tierras y de la agricultura local. Entre las más destacadas están el decreto 106, que ofrece alivios económicos al sector agropecuario afectado por el desplazamiento, y el decreto 134, que establece restricciones a la comercialización de insumos utilizados en la producción de cocaína.
Niño enfatizó que, durante los 90 días de conmoción interior, si bien hubo ciertos avances, estos fueron limitados debido a la complejidad de la situación en el terreno. Aun así, subrayó que los decretos prorrogados son esenciales para permitir la realización de proyectos que puedan mejorar la calidad de vida de los habitantes del Catatumbo, tales como proyectos de agua potable y saneamiento básico bajo el decreto 121, los cuales buscan ofrecer soluciones inmediatas a las necesidades más apremiantes de la población.
Además, la fuerza pública continuará con su presencia en la zona a través del decreto 118, lo que implica un mantenimiento del control militar. Esto se ve como una medida necesaria para frenar la expansión de grupos armados ilegales que siguen sembrando el caos en la región. No obstante, Diógenes Quintero, representante por las curules de paz, expresó su preocupación por la limitación de nuevas medidas, lo que podría frenar una respuesta más eficaz frente a la crisis persistente en el Catatumbo.
Uno de los puntos clave en el que coinciden tanto las autoridades como la población es la necesidad de un cese al fuego que permita la implementación efectiva de estos decretos. Como destacó Niño, «sin el fin del conflicto, no será posible avanzar», lo que resalta la importancia de un compromiso real por parte de los actores armados para garantizar un entorno de paz que facilite el desarrollo social y económico en la región.
El gobierno sigue a la espera de un pronunciamiento de la Corte Constitucional respecto a la exequibilidad del estado de comunión interior y su aplicación en el Catatumbo. La Procuraduría General de la Nación también ha solicitado una revisión de este estado para asegurar que las inversiones y proyectos de recuperación en la zona puedan avanzar sin impedimentos legales.
Por su parte, la población del Catatumbo continúa con la esperanza de que, a través de estas medidas excepcionales, finalmente se logre la recuperación de la seguridad y la paz en una de las regiones más golpeadas por el conflicto armado colombiano.
Y.A.
