Andrés Gustavo Ricci, condenado por el feminicidio de Luz Mery Tristán, enfrenta posibles sanciones por usar plataformas digitales desde prisión sin autorización.
La ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, anunció la apertura de una investigación contra Andrés Gustavo Ricci, quien cumple una condena de más de 45 años por el feminicidio de la excampeona mundial de patinaje Luz Mery Tristán. El motivo de la investigación es su publicación de un video en YouTube, en el que presenta su versión sobre el crimen. Según las autoridades, esta acción vulnera las normas del régimen penitenciario colombiano.
Buitrago explicó que, aunque las personas privadas de la libertad tienen derecho a rendir entrevistas, como establece la Corte Constitucional, está prohibido el uso de redes sociales como YouTube o TikTok. El video, que fue publicado en estas plataformas, constituye un uso indebido de los medios de comunicación desde la cárcel.
“La normativa carcelaria establece que, aunque los internos pueden conceder entrevistas, no pueden acceder a redes sociales ni plataformas como YouTube o TikTok”, señaló Buitrago. Si bien Ricci solicitó la entrevista en febrero de 2025, siguiendo los protocolos, el material fue compartido en las plataformas sociales sin autorización, lo que desencadenó la investigación.
El video, que de acuerdo con la ministra se utilizó de forma fraudulenta, fue registrado como una entrevista autorizada dentro del centro carcelario, pero posteriormente se compartió en plataformas de acceso público. La violación de las normas del régimen penitenciario lleva a que Ricci enfrente posibles sanciones, como la pérdida del derecho a futuras entrevistas o el acceso a los medios.
“Si se confirma que se incumplieron las normas, Andrés Ricci podría enfrentar sanciones dentro del sistema penitenciario, incluyendo restricciones en su derecho a ser entrevistado por medios de comunicación”, agregó Buitrago.
Además, la ministra de Justicia resaltó que se debe esclarecer cómo Ricci logró acceder a las plataformas y quién facilitó la publicación del video. La investigación no solo se centrará en Ricci, sino también en las personas que puedan haber colaborado en la difusión del contenido.
“Es crucial determinar quién permitió el acceso a YouTube y TikTok y cómo se realizó esta publicación desde la cárcel. Todo eso es parte de la investigación”, explicó Buitrago.
Este hecho pone en evidencia las dificultades de controlar el acceso a tecnologías dentro de los centros penitenciarios, especialmente cuando los internos buscan aprovechar los derechos de manera inapropiada para difundir contenido. Para las autoridades, el acto de Ricci representa un posible engaño al sistema judicial, al utilizar el derecho a una entrevista como una excusa para vulnerar las reglas carcelarias.
“El acceso a las plataformas fue un engaño al sistema judicial, ya que se utilizó para fines distintos a los permitidos. Este tipo de acciones no puede ser tolerado”, concluyó Buitrago.
Y.A.
