Las cifras de alcaldes encartados con la justicia en Colombia son contundentes; en cada cuatrienio, más del cuarenta por ciento de alcaldes han tenido que responder ante la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría, por sus actos ilegales, muchos de ellos han cometido errores inducidos por sus más inmediatos colaboradores, que hacen parte de los mandos medios y por eso se les denuncia, pero otros han actuado por su propia iniciativa y con dolo. El Plan de Gobierno que obligatoriamente registran en el acto de inscripción como candidato ante la Registradora General de la Nación, se convierte en “letra muerta” porque no existe un procedimiento que los obligue a su cumplimiento, ni durante su gobierno ni al final de este. Es importante que por mandato de la ley o voluntariamente –que sería lo ideal– los alcaldes municipales den cuenta a la ciudadanía, sobre la gestión que han desarrollado en lo que va de su gobierno . Consideramos que un mecanismo muy apropiado es que presenten los correspondientes balances anualmente, para que así exista claridad en la ciudadanía, respecto a la manera cómo invirtieron los dineros aportados por los contribuyentes durante su administración. Cada vez que aparece un informe en torno al mal funcionamiento de algunas administraciones municipales –no todas– lo cual ocurre con mucha frecuencia, la ciudadanía no deja de pensar que algo no está resultando bien en el mecanismo de la elección popular de alcaldes. Las malas actuaciones administrativas de muchos alcaldes municipales –no todos– conducen al despilfarro de los recursos que terminan siendo asumido por los contribuyentes, por eso se hace necesario que los ciudadanos sepan con claridad y con cifras exactas, cuáles han sido los costos de sus decisiones electorales; esto conlleva a la inevitable necesidad que algunos alcaldes de los municipios del Atlántico, de otros departamentos de la Costa y de Colombia, den a conocer sus balances, en estos días, para que la ciudadanía se entere en qué se gastaron los dineros aportados por los contribuyentes. Es inconcebible que ya avanzado el tercer milenio todavía encontremos en muchos municipios de la región Caribe, que carecen de los más elementales servicios básicos y en donde sus habitantes viven en las más paupérrimas condiciones, en medio de toda clase de necesidades, sin que se vislumbre la más mínima posibilidad de solución para sus múltiples problemas. Lamentablemente esa es la radiografía social que se puede observar con toda claridad en el sector rural de muchos municipios que de manera ancestral han padecido de un inquietante olvido de las administraciones municipales. Cuando ya han transcurrido tantos años, del ejercicio democrático de la elección popular de alcaldes se deberían estar produciendo gobiernos municipales transparentes y positivos para la comunidad, no que den muestras de su incapacidad para manejar los destinos de sus municipalidades, como ocurre en la mayoría de municipios, cuyo alto porcentaje de su población padece de las más elementales necesidades básicas insatisfechas. Lo malo de los electores es que repiten sus equivocaciones en las próximas elecciones, porque no existe un procedimiento que obligue a los alcaldes a la entrega de balances que permitan establecer en qué invierten los dineros aportados por su comunidad. En todos estos años nos han mostrado: o que la mayoría de los alcaldes municipales no tienen preparación para ejercer el cargo, o que son unos corruptos, pícaros, inescrupulosos, chanchulleros y especializados en el ‘tape tape’ de los entuertos de su antecesor, por aquello de que pertenecen al mismo grupo político. Hay que cambiar esa historia, para bien de la democracia y de nuestras comunidades.
