En respuesta a la grave crisis que enfrentan las comunidades de Majagual y Guaranda (Sucre) y San Jacinto del Cauca (Bolívar), la Defensoría del Pueblo llevó a cabo una visita de verificación para evaluar los efectos de las recientes crecientes del río Cauca en la región. La misión, que incluyó recorridos tanto terrestres como fluviales, tuvo como principal objetivo identificar las problemáticas derivadas de las inundaciones y dar seguimiento a las afectaciones que estas comunidades han venido padeciendo desde 2021.
Desde esa fecha, los habitantes de estas zonas han soportado las consecuencias del rompimiento del punto conocido como ‘Caregato’, un evento que ha dejado secuelas duraderas en la infraestructura social, los medios de vida y la seguridad alimentaria de la región. Las crecientes más recientes han empeorado la situación, poniendo a prueba la resistencia de los sistemas de protección y las obras existentes.
Durante la visita, los equipos de las regionales Sucre y Sur Bolívar de la Defensoría constataron de primera mano la complejidad del problema, el cual se ve agravado por la falta de una solución efectiva que pueda aliviar o poner fin a las dificultades que enfrentan estas comunidades.
En San Jacinto del Cauca, se identificaron 1.046 familias afectadas, mientras que en Majagual y Guaranda la cifra supera las 4.500. Además de la destrucción de infraestructura y viviendas, las inundaciones han causado la pérdida de medios de subsistencia y afectado gravemente la seguridad alimentaria, así como el acceso a servicios básicos, lo que configura una emergencia prolongada sin una respuesta estructural efectiva.
Otro aspecto alarmante es la afectación educativa. Alrededor de 500 niños, niñas y adolescentes en estos municipios no están asistiendo a la escuela debido a que las instituciones educativas están anegadas y las vías de acceso a ellas se encuentran intransitables.
Las comunidades expresaron su preocupación y descontento ante la inacción institucional y la falta de soluciones definitivas. En un clamor urgente, piden decisiones que atiendan las causas estructurales de la crisis y eviten su agravamiento, además de garantizar su protección a largo plazo. También manifestaron inquietud por la escasa participación en las decisiones que afectan su territorio y bienestar.
La visita de la Defensoría del Pueblo tiene como propósito fortalecer la vigilancia y promover acciones que respeten los derechos humanos de las poblaciones afectadas. La entidad hizo un llamado a las autoridades nacionales, regionales y locales para que prioricen intervenciones integrales, con enfoque de derechos humanos y participación comunitaria. La situación requiere una acción coordinada, técnica y decidida para superar esta emergencia humanitaria que afecta a miles de personas en la región.
La Defensoría reitera su compromiso con la defensa y protección de los derechos humanos, y asegura que continuará trabajando para garantizar la justicia social y la dignidad de las comunidades afectadas.
