El exministro de Hacienda Ricardo Bonilla niega vínculos cercanos con su exasesora Alejandra Benavides, pieza clave en la investigación por presuntas irregularidades contractuales que salpican a funcionarios y congresistas.
El exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, ha salido al paso de las recientes declaraciones de su exasesora, María Alejandra Benavides, quien se ha convertido en una de las protagonistas del escándalo de presunta corrupción que involucra millonarios contratos en el Instituto Nacional de Vías (Invías). En entrevista con La FM de RCN Radio, Bonilla fue enfático al afirmar: “Nunca ha sido mi mano derecha, eso es un invento de la prensa”.
El exministro, quien estuvo al frente de la cartera de Hacienda entre mayo de 2023 y diciembre de 2024, negó tener un vínculo estrecho con Benavides, hoy señalada como pieza clave en las investigaciones que adelanta la Corte Suprema de Justicia. Según Bonilla, “el Ministerio de Hacienda da el presupuesto, pero no ejecuta, de tal manera que el ministro no es ordenador del gasto de ninguna entidad diferente a la cartera”.
Estas declaraciones surgen en medio del proceso judicial que intenta desentrañar una compleja red de corrupción dentro del Invías, que no solo involucra a exfuncionarios del Ejecutivo, sino también a una lista creciente de congresistas, presuntamente implicados en el direccionamiento irregular de contratos.
La Fiscalía General de la Nación, a partir de los testimonios rendidos por Benavides, abrió una línea de investigación que apunta hacia al menos 28 parlamentarios entre senadores y representantes. Esto ha llevado a la Corte Suprema de Justicia a citar a declaración juramentada a seis exministros de gobiernos recientes, tanto del actual presidente Gustavo Petro como del expresidente Iván Duque.
Del gabinete del gobierno Duque han sido citados los exministros de Hacienda Alberto Carrasquilla y José Manuel Restrepo, quienes deberán comparecer ante la Corte el 25 de abril. En tanto, del gobierno Petro deberán rendir testimonio los exministros del Interior Luis Fernando Velasco, de Hacienda Ricardo Bonilla y Diego Guevara, y la exministra de Transporte María Constanza García.
La decisión de la Corte se da tras las declaraciones iniciales de Benavides, quien fue asesora del Ministerio durante la gestión de Bonilla. En sus intervenciones ante la Fiscalía, Benavides habría proporcionado detalles que comprometerían a una red de funcionarios y congresistas, lo que la posiciona como testigo central en el desarrollo de la causa.
El magistrado Marco Antonio Rueda, de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema, asumió el liderazgo del proceso, que se perfila como uno de los más complejos en materia de corrupción administrativa en los últimos años en Colombia. La expectativa ahora recae sobre las comparecencias de los exministros, que podrían aportar nuevas piezas a este entramado institucional.
Mientras tanto, la opinión pública y sectores políticos observan con atención el curso de una investigación que ha empezado a sacudir los cimientos de la contratación estatal en Colombia. La supuesta implicación de actores tanto del gobierno actual como del anterior plantea interrogantes sobre los mecanismos de vigilancia, transparencia y ética en la administración pública.
Este nuevo capítulo judicial, en el que el nombre de Ricardo Bonilla aparece junto al de otros pesos pesados de la política colombiana, pone a prueba no solo la independencia de la justicia, sino también la voluntad del gobierno de Gustavo Petro de combatir de forma frontal la corrupción. Aunque el exministro Bonilla ha negado cualquier implicación y ha insistido en su nulo papel como ejecutor del gasto en otras entidades, será la justicia la que determine el alcance real de su responsabilidad.
Por ahora, el país asiste al desarrollo de un caso que no parece tener un desenlace próximo y que, por el volumen de implicados y la magnitud de los recursos en juego, podría marcar un antes y un después en la historia de la gestión pública en Colombia.
Y.A.
