La captura de Ana Dolores Meza Caballero, notaria Segunda del Círculo de Barranquilla, no es solo un nuevo episodio de corrupción.
Es la puerta de entrada a una historia mucho más turbia: una red de robo sistemático de tierras que operó durante años en el Atlántico con la participación de funcionarios, organizaciones criminales y, al parecer, la complacencia institucional.
Meza Caballero fue detenida el martes 22 de abril por agentes de la Sijín. La acusación en su contra no es menor: habría facilitado desde su despacho el despojo de propiedades estratégicas en el departamento, beneficiando presuntamente a estructuras criminales como el Clan del Golfo y ‘los Costeños’. Lo inquietante es que esta red no se tejió en las sombras: se movió dentro de notarías, con sellos oficiales, documentos aparentemente legales y declaraciones bajo juramento.
La investigación, liderada por la Fiscalía a través de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales (Decoc), comenzó en abril de 2024 cuando se detectaron irregularidades durante una suplencia temporal en la misma notaría. Desde allí se habrían expedido documentos falsos para despojar tierras, favoreciendo a narcos, testaferros y capos cuyo rastro lleva a otras regiones como Córdoba y Antioquia.
Entre los nombres que aparecen en el expediente, según las autoridades, estarían Omar Alexander Ladino Vargas, alias el Señor del Portafolio, considerado uno de los mayores despojadores de tierras en el norte del país, y Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias Castor, actualmente en prisión. Pero el caso más escandaloso es el de alias Plástico —Jorge Eliécer Torres—, a quien presuntamente se intentó «matar» jurídicamente con un acta de defunción falsa expedida desde esta misma notaría en 2020. En el papel, murió en Córdoba. En la realidad, fue capturado vivo meses después en una mansión en Barú con orden de extradición.
¿Quién firmó esos documentos? ¿Cuántos más existen? ¿Qué otros notarios participaron? Y sobre todo: ¿cómo una estructura de esta magnitud operó durante años sin que ninguna autoridad la detuviera?
La notaria Meza Caballero enfrenta cargos por peculado por apropiación, prevaricato por omisión, urbanización ilegal y asociación para cometer delitos contra la administración pública. Algunos de estos son los mismos delitos por los que fueron capturadas 17 personas el pasado 14 de abril en Barranquilla, Soledad y Cereté, Córdoba, en lo que el presidente Gustavo Petro calificó como «una operación contra el robo institucionalizado de tierras».
Este escándalo no solo pone en jaque a una funcionaria de carrera, sino que también levanta serios cuestionamientos sobre la vigilancia al sistema notarial en Colombia. Porque lo que parece ser solo un sello en un papel, puede terminar despojando a familias enteras de su historia, su sustento y su futuro.
