El caso Air-E está lejos de cerrarse. Lo que parecía una retirada estratégica del empresario Alberto Ríos tras el fracaso de su empresa en la Costa Atlántica, se convirtió —de nuevo— en un escándalo de proporciones billonarias. Y mientras el Gobierno nacional reafirma que no pagará las deudas heredadas, surgen más preguntas que respuestas sobre el verdadero costo del experimento eléctrico impulsado desde el Gobierno Duque.
El pasado 1 de septiembre de 2024, Ríos —acompañado de su abogado Jaime Lombana— presentó la solicitud de intervención ante la Superintendencia de Servicios Públicos. Argumentó que no podía hacerse responsable por una deuda que ya superaba los $1,8 billones y que dejó pérdidas privadas por más de $450 mil millones. Pero, ¿en qué momento creyó Ríos que podía entregar el negocio, lavarse las manos y que el Estado asumiría el daño?
La respuesta del actual ministro de Minas, Edwin Palma, no pudo ser más clara. En plena Semana Santa, mientras buena parte del país descansaba, el ministro —exinterventor de Aire-E y viejo conocedor del caso— le recordó públicamente a Ríos que los compromisos adquiridos antes de la intervención estatal corren por su cuenta. Y no son migajas: solo a EPM se le deben $107 mil millones. El resto de la deuda, que alcanza los 2 billones, salpica a varios actores del sistema eléctrico.
¿Dónde quedó entonces la responsabilidad empresarial? ¿Quién responde ante los generadores, los inversionistas y, sobre todo, los millones de usuarios que siguen padeciendo un servicio deficiente? ¿Fue ingenuidad creer que el Estado limpiaría el desastre sin pedir cuentas? ¿O fue una jugada diseñada para que el peso del fracaso terminara, como casi siempre, en el bolsillo público?
Este drama tiene capítulos aún sin cerrar. La entrada de Aire-E al mercado se celebró con fanfarria el 1 de octubre de 2020, con el respaldo del entonces presidente Iván Duque y su ministra de Minas, María Fernanda Suárez. En ese entonces, voces como la del senador Jorge Enrique Robledo advirtieron sobre las inconsistencias del modelo, la falta de garantías reales y los intereses privados que rodeaban la operación. Pero el proyecto avanzó, se firmaron los contratos, y el Estado les puso la alfombra roja. Hoy, la alfombra está chamuscada y nadie quiere recoger las cenizas.
Tampoco le ha ido mejor a Afinia, la otra cara de la moneda. Pese al respaldo gubernamental y a ser una filial de EPM, el balance ha sido negativo. El propio alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, no dudó en llamarlo “el peor negocio en la historia de EPM”.
El caso Air-E no es solo una historia empresarial fallida. Es un reflejo de cómo se manejan los grandes negocios con el Estado: contratos multimillonarios, actores privados con respaldo político, reguladores que saltan de cargo en cargo, y, al final, nadie asume la culpa. Alberto Ríos aún guarda silencio. Pero el país sigue esperando una respuesta. No solo de él, sino también de los que firmaron, autorizaron y aplaudieron esta operación desde el poder.
