Mientras avanza la audiencia preparatoria del juicio contra Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, su defensa ha movido una nueva ficha para intentar desvirtuar uno de los señalamientos más delicados en su contra: su presunta relación con la empresa Grupo Energía Delta Limitada, una firma que, según la Fiscalía, habría sido usada como vehículo para lavar dinero.
Este martes, durante el segundo día consecutivo de audiencia, su abogado, Alejandro Carranza, pidió al juez Hugo Carbonó incluir en el juicio un documento clave: un certificado de la Cámara de Comercio de dicha empresa. El objetivo, según explicó, es demostrar que Petro “no ostenta propiedad, participación activa ni beneficio económico” en la sociedad señalada.
La defensa insiste en que el documento ha sido malinterpretado por la Fiscalía, que lo considera un indicio de participación societaria. “Queremos mostrar que el acusado no tiene ninguna relación económica o jurídica con esa firma”, dijo Carranza ante el estrado, en lo que se perfila como un eje central de la estrategia de exoneración.
La Fiscalía, por su parte, sostiene que Nicolás Petro habría utilizado la empresa para ocultar el origen ilícito de fondos que habrían ingresado a sus cuentas, en el marco de una trama más amplia que involucra recursos provenientes de supuestos aportes irregulares.
El caso ha ganado atención nacional no solo por tratarse del hijo del presidente, sino por lo que podría revelar sobre los manejos financieros en campañas políticas y las posibles conexiones entre poder, empresa privada y corrupción.
Ahora el debate jurídico se traslada al análisis de la documentación y a la capacidad de la defensa de desmontar la narrativa de la Fiscalía. ¿Podrá Nicolás Petro probar su desvinculación? ¿O se trata de una maniobra para diluir responsabilidades?
Lo cierto es que el juicio apenas comienza, y lo que está en juego va más allá de una simple participación accionaria. Es un pulso legal donde cada documento puede cambiar el curso de la historia.
