La Cámara Colombiana de la Infraestructura rechazó la propuesta del presidente Petro de destinar recursos de las concesiones 4G y 5G para financiar la vacunación contra la fiebre amarilla, argumentando que jurídicamente esos fondos no pueden redirigirse.
En una nueva polémica sobre el uso de los recursos públicos, la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) salió al paso de las declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien en el más reciente Consejo de Ministros propuso que el país financie la vacunación contra la fiebre amarilla con dineros provenientes de los proyectos viales de cuarta y quinta generación.
La respuesta del presidente ejecutivo de la CCI, Juan Martín Caicedo, no se hizo esperar. A través de una contundente comunicación, Caicedo aseguró que todos los contratos de concesión “están cumpliendo cabalmente las actividades y obligaciones a su cargo y, por ende, ninguno de ellos está incumplido”. Con ello, desestimó cualquier señalamiento que dé pie a pensar en un uso alterno de los recursos de dichas concesiones.
La CCI explicó que los fondos asignados a estos proyectos a través de vigencias futuras ya están comprometidos en el pago de obras entregadas por los concesionarios al Estado. “Es decir, las vigencias futuras están pagando la financiación de las obras garantizadas previamente con dineros aportados por el capital privado”, precisaron. Y agregaron que cualquier auditoría puede constatar que los retrasos en algunos tramos de infraestructura obedecen exclusivamente a decisiones pendientes del Gobierno Nacional y no a fallas de los concesionarios.
El gremio también fue enfático en señalar que “jurídicamente no es posible destinarlos a otros sectores o usos, como lo ha planteado el Gobierno”. En ese sentido, la CCI sostiene que no hay margen legal para redirigir los fondos a programas como la vacunación, una propuesta que ha generado controversia por el posible uso inadecuado de recursos comprometidos.
En su pronunciamiento, el gremio de infraestructura detalló que solo tres proyectos no han avanzado según lo previsto, debido a problemas ajenos a los concesionarios, especialmente por licencias ambientales que no fueron gestionadas a tiempo por el Ejecutivo. Entre esos están las obras de la Perimetral Oriental de Bogotá y la Bucaramanga-Pamplona, que podrían liquidarse por mutuo acuerdo liberando así recursos, aunque solo bajo condiciones estrictas incluidas en los contratos.
El caso de Mulaló-Loboguerrero también fue aclarado. Frente a versiones que apuntaban a una supuesta deuda del concesionario con el Estado por $1,8 billones, la CCI explicó: “Es necesario aclarar que la totalidad de las vigencias futuras que la nación ha girado al patrimonio autónomo para ejecutar el proyecto Mulaló – Loboguerrero, es del orden de $1,8 billones”. Además, ese dinero ha generado rendimientos por $400.000 millones, alcanzando un total de $2,2 billones que hoy están bajo la administración de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI). “Estos recursos a la fecha no se han ejecutado y, por ende, el concesionario no tiene deuda alguna con el Estado”, concluyeron.
Además, recordaron que el uso de estos recursos no depende del concesionario: “La decisión del uso de ese dinero depende exclusivamente del Gobierno Nacional, el cual tiene que decidir entre hacer la obra a precios de hoy o liquidar el contrato”.
En un tono más conciliador, la CCI recordó que incluso el actual Gobierno ha acudido al sistema de vigencias futuras en proyectos clave como el del ferrocarril La Dorada-Chiriguaná, y que lo necesitará para sacar adelante la estratégica vía Pasto-Popayán, cumpliendo así promesas hechas al sur del país.
Finalmente, la entidad gremial expresó su disposición de mantener un trabajo coordinado con el Ejecutivo, pero con un llamado claro: “Y hace un llamado para que en este debate no se acuda a afirmaciones y señalamientos equivocados, que solo afectan la reputación y honra de unas empresas que le han cumplido a Colombia”.
La discusión entre el Gobierno y la CCI pone en evidencia las tensiones que existen cuando se propone alterar el destino de recursos ya comprometidos legal y contractualmente. Aunque la intención del presidente Petro de priorizar la salud pública es legítima, la redistribución de fondos de infraestructura enfrenta límites legales y prácticos difíciles de ignorar. Además, esta controversia abre un debate de fondo sobre la gestión de los recursos públicos y la planeación fiscal, elementos clave en la sostenibilidad de políticas a largo plazo.
Más allá del cruce de declaraciones, lo cierto es que Colombia necesita soluciones integrales que no contrapongan sectores estratégicos como la infraestructura y la salud, sino que los articulen dentro de una visión coherente de desarrollo.
Y.A.
