Iniciativa de origen gubernamental divide opiniones en el país.
Tras varias semanas de fuertes discusiones y polémicas, este lunes 21 de abril, el Gobierno Nacional radicará ante el Senado de la República la Consulta Popular anunciada por el Ejecutivo.
La radicación la realizará la administración Petro en compañía de gran parte de sus jefes de cartera.
De acuerdo con lo informado por el ministro del Trabajo Antonio Sanguino Páez, la iniciativa será radicada ante la secretaría de la cámara alta del Congreso.
En esa línea, el alto funcionario aseguró que la idea de la Consulta Popular, es que los colombianos manifiesten su respaldo al contenido de la reforma laboral, la cual fue hundida recientemente en la Comisión Séptima del Senado.
A pesar de que aún no se conoce con exactitud el contenido de las 12 preguntas, Sanguino Páez, ha señalado que la idea es devolverle a los trabajadores derechos que les han sido arrebatados a través de los años.
«Ministerio del Interior recibió 20 mil propuestas de preguntas por parte de la ciudadanía»: Armando Benedetti
Sobre la Consulta Popular, también se refirió el ministro del Interior Armando Benedetti Villaneda, resaltando que fueron cerca de 20.000 propuestas de preguntas que están en consideración para ser incluidas, como resultado de la estrategia Consulta Digital.
“Estamos recogiendo las propuestas que se hicieron como unas posibles preguntas para llevarlas al Senado de la República; algunas ya se han discutido con el presidente y otras las hemos discutido con las mesas técnicas internas que tenemos entre el Ministerio de Trabajo y el Ministerio del Interior”, añadió el jefe de la cartera de Gobierno.
Fecode, CUT y asociaciones indígenas manifestaron respaldo
Frente a la iniciativa, varios han sido los gremios que se han pronunciado, el último de ellos fue la Federación Colombiana de Educadores Fecode, la cual expresó su apoyo tras una reunión con el ministro del Trabajo.
Desde el gremio de educadores, se refirió a la propuesta Domingo Ayala Espitia presidente del mismo, precisando:”estamos apoyando todas las reformas sociales, económicas, culturales del país, porque el país debe cambiar. Por ello, asumimos el compromiso de esa consulta donde vamos a decir ”sí» a las reformas en bien del país”, anotó.
En esa línea, indicó que tanto Fecode como el país quiere cambios para que se acabe la violencia, “podamos resolver las desigualdades y eso se resuelve con unas reformas sociales importantes para Colombia”, mencionó.
Al respecto, en su momento la CUT, indicó que ante el bloqueo institucional contra las reformas sociales, decidían constituirse en un Comité de Impulso de la Consulta Popular.
En esa línea, argumentaron el apoyo en que el pasado 18 de marzo, la Comisión Séptima del Senado hundió la reforma laboral, “truncando las aspiraciones de millones de trabajadores y trabajadoras que buscan recuperar sus derechos, deteriorados tras décadas de políticas neoliberales y proempresariales”.
“Esta misma comisión deberá decidir próximamente sobre la reforma a la salud. Sin embargo, el antecedente no es alentador: el 3 de abril del año pasado, la primera versión de esta reforma también fue rechazada”, pusieron de presente.
Detallaron además, que al mismo
tiempo, en la Corte Constitucional se debate la ponencia negativa del magistrado Ibáñez sobre la ley pensional, magistrado que ha sido recusado por la CUT debido a su postura adversa a los intereses de los trabajadores.
Lo anterior, para los integrantes de la CUT, evidencia un bloqueo institucional que obstaculiza el avance de las reformas sociales promovidas por el gobierno de Gustavo Petro Urrego, “reformas que han sido ampliamente respaldadas por la ciudadanía y por las movilizaciones populares y producto de las reivindicaciones del estallido social”, señalaron.
“La Consulta Popular, junto con acciones de socialización, pedagogía y debate político e ideológico, representa una oportunidad para que la ciudadanía comprenda los intereses que están en juego”, pusieron de presente desde Fecode.
Otro de los respaldos se dio por parte de pueblos indígenas Pastos y Quillacingas del departamento de Nariño, que integran el Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia Aico.
Según el coordinador de la Mesa Regional Permanente de Concertación para el Desarrollo Integral de los Pueblos Pastos y Quillacingas, José Efrén Achicanoy, se trata de un apoyo masivo de más de 250.000 indígenas.
“Hacemos parte de una estructura grande y fuerte, y tenemos la capacidad de movilizar a nuestra gente para seguir apoyando al presidente y su Gobierno”, indicó Achicanoy.
Mesa de Empleo y Productividad aseguró que la consulta genera inestabilidad jurídica y económica
Por su parte, la Mesa de Empleo y Productividad, de la cual hacen parte más de 30 agremiaciones, sindicatos y organizaciones, cuestionó la propuesta al considerar que se vuela la voluntad del Congreso de la República.
“Colombia es una democracia representativa, donde las leyes y reformas deben ser debatidas y aprobadas por los congresistas elegidos por el pueblo. Saltarse este proceso no solo vulnera el equilibrio de poderes, sino que genera inestabilidad jurídica y económica en el país”, señalaron.
A través de un comunicado, el grupo también indicó que la reforma laboral hundida y que se busca revivir con la Consulta Popular, solo ofrecía garantías a grupos específicos, sin beneficiar a emprendedores, al crecimiento de las empresas ni a los trabajadores informales que necesitan formalizarse con el tiempo.
Consulta Popular costará más de 500.000 millones de pesos: Contralor General de la República
Cabe mencionar, que en el pasado mes de marzo, el contralor General de la República, Carlos Hernán Rodriguez Becerra, señaló que serían varias las consecuencias en materia presupuestal que dejaría la Consulta Popular que ha propuesto la actual administración.
Durante un foro, el contralor aseguró que los recursos que sean utilizados para adelantar la consulta, darían paso a ajustes en materia económica de algunos sectores.
“Es algo tan elemental y tan sencillo, porque si usted le va a colocar una carga adicional de más de 500 mil millones de pesos, pues tendrán que salir de alguna parte”, detalló.
En esa línea, precisó que la preocupación se da teniendo en cuenta la compleja situación económica que enfrenta el gobierno en la actualidad.
“Estamos hablando de más de $500 mil millones de pesos más, cuando paralelamente el Estado tiene otras obligaciones que cumplir, como el endeudamiento, para no perder de pronto la calificación”, puntualizó Rodríguez Becerra.
