El abogado Julián Quintana publicó en su cuenta de X un fragmento manipulado para vincular a Carlos Caicedo con el homicidio de Roque Morelli; sin embargo, la Fiscalía General de la Nación esclareció que el crimen fue cometido por el Bloque Norte de las AUC y no por el exgobernador.
Por: Unidad Investigativa.
DIARIO LA LIBERTAD.
La controversia generada por el ex director del CTI Julián Quintana en redes sociales ha quedado desvirtuada por la misma entidad que pretendía citar: la Fiscalía General de la Nación. A través de una publicación en su cuenta de X (antes Twitter), Quintana aseguró que el exgobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, había sido señalado como “determinador” del asesinato del profesor Roque Alfonso Morelli Zárate, ocurrido el 5 de septiembre de 2002. No obstante, el argumento se desmorona tras un completo análisis revelado por el abogado Alejandro Arias, al revisar el contenido completo y reciente del fallo emitido por la Fiscalía, que claramente desvincula a Caicedo del crimen y confirma su autoría por parte de estructuras paramilitares.
La publicación de Quintana exhibe un ejemplo de lo que ha sido calificado por el jurista Arias como «física mediocridad». «El hijo del cantante de medio pelo por física mediocridad muestra un párrafo cuyo contenido queda desvirtuado con el reciente documento de la Fiscalía», manifestó.
He aquí el ejemplo de un abogafo hablador de Da-Mier. Esa plata que le pagaron se perdió. El hijo del cantante de medio pelo por fisica mediocridad muestra un párrafo cuyo contenido queda desvirtuado con el reciente documento de la @FiscaliaCol pic.twitter.com/PjNkD8eJCD
— Alejandro Arias – Sumario TV (@AAriasPeriodist) April 21, 2025
El fragmento usado por el ex director del CTI corresponde a una parte antigua del expediente en la que se hace referencia a versiones libres y escritos anónimos, así como a comentarios de familiares de las víctimas, sin que ninguno de estos elementos tenga el peso legal para imputar responsabilidad alguna.
No tergiverse las cosas @carlosecaicedo el propio autor material de los hechos y varios paramilitares aseguraron que usted fue quien determinó el homicidio de Roque Morelli, acá le dejo lo dicho por @FiscaliaCol. Su mentiría es evidente, en el proceso de donde extrae la… https://t.co/lkbiCs2M0j pic.twitter.com/Djw5KJJcyb
— Julián Quintana (@julianquintanat) April 21, 2025
El párrafo compartido por Quintana indicaba que Caicedo fue “señalado como determinador” por fuentes como una carta anónima, declaraciones de viudas y testigos vinculados al conflicto. Sin embargo, lo omitido por el abogado fue el contenido actual del documento oficial fechado el 1 de abril de 2025, en el cual la Fiscalía 228 Delegada ante los Jueces Penales Especializados resuelve acusar formalmente a Rodrigo Tovar Pupo, alias «Jorge 40», y Adriano Segundo Sánchez Comas como responsables del homicidio agravado de Morelli.
El texto es contundente: “Es un hecho cierto e indiscutible que el homicidio de Roque Alfonso Morelli Zárate fue cometido por miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia, pertenecientes al Bloque Norte – Frente Resistencia Tayrona”, se lee en el apartado central del fallo.
La Fiscalía recoge múltiples testimonios de desmovilizados que corroboran esta versión. Entre ellos, Hernán Giraldo Serna, Willington Mora Buenhaber, Adán Rojas Mendoza y José Gregorio Rojas Mendoza, quienes revelaron que Morelli se encontraba en una lista de objetivos señalados por inteligencia militar y entregada a la estructura paramilitar para su ejecución. La lista fue presuntamente suministrada por Gilibert Padilla, detective del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), y las órdenes fueron ejecutadas por miembros del Bloque Norte bajo el mando de “Jorge 40”.
«Siempre fui inocente»: Caicedo rompe el silencio y denuncia la eterna persecución en su contra
El exgobernador Carlos Caicedo, tras conocerse el documento de la Fiscalía, reaccionó en sus redes sociales señalando: “La verdad, imparable, sigue abriéndose paso. Siempre fui inocente. Durante más de 20 años enfrenté amenazas, infamias y montajes orquestados por quienes querían apartarme del camino”.
La verdad, imparable, sigue abriéndose paso. Siempre fui inocente.
Durante más de 20 años enfrenté amenazas contra mi vida por parte de paramilitares, sus aliados políticos y sectores empresariales que, disfrazados, usan la política. Soporté infamias alimentadas por el odio y un… pic.twitter.com/nw3qIbAoYZ
— Carlos Caicedo (@carlosecaicedo) April 21, 2025
El comunicado de Caicedo no solo apunta a reivindicar su nombre, sino también a denunciar lo que llama una persecución orquestada desde diversos sectores que han usado “la política, el miedo y la mentira” para atacar su liderazgo. “No espero retractaciones. Eso exige grandeza y dignidad, virtudes que ellos no poseen”, afirmó.
El proceso de judicialización continuará, pero no contra Caicedo. La resolución de acusación de la Fiscalía es clara al establecer responsabilidad penal contra Tovar Pupo como autor mediato y Sánchez Comas como coautor, desechando cualquier posibilidad de imputación contra Caicedo. El documento concluye que el exgobernador no fue objeto de investigación en este caso, y su nombre no figura en la acusación porque “al ser aforado constitucional, no fue procesado ni vinculado formalmente”, además de que no hay pruebas directas ni circunstanciales que lo comprometan.
Manipulación expuesta, justicia reafirmada
La maniobra mediática de Quintana pone en evidencia un patrón reiterado en algunos actores del foro jurídico: el uso deliberado de fragmentos incompletos para sembrar sospechas, confundir a la opinión pública y atacar adversarios políticos. Pero, en este caso, la estrategia resultó contraproducente. La Fiscalía ha dejado constancia documentada de que el crimen de Roque Morelli fue parte de un plan de exterminio dirigido desde las estructuras paramilitares, y no una acción conspirativa desde la rectoría de la Universidad del Magdalena, como insinúa sin pruebas el abogado.
La lección de fondo, más allá de lo jurídico, tiene que ver con la ética profesional. Quienes ejercen el derecho y participan del debate público tienen la responsabilidad de sustentar sus afirmaciones con rigor, contexto y veracidad. Todo lo demás es oportunismo, o peor aún, negligencia intelectual.
Y.A.
