Aunque la consulta popular aún no ha sido aprobada por el Congreso, líderes del Gobierno y del Pacto Histórico ya impulsan su promoción en distintas regiones del país, desatando cuestionamientos legales y políticos.
La consulta popular promovida por el Gobierno del presidente Gustavo Petro aún no ha sido presentada formalmente ante el Senado, pero ya se encuentra en plena campaña por parte de varios de los líderes del petrismo, muchos de ellos con cargos en la administración pública.
Según lo anunciado por el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, el proyecto será radicado el lunes 21 de abril ante el Congreso. Sin embargo, la maquinaria política del oficialismo ya se ha puesto en marcha, levantando alertas sobre una posible participación indebida en política por parte de funcionarios activos.
Uno de los rostros más visibles en esta campaña anticipada es el del director de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, quien ha liderado eventos en diferentes regiones del país promoviendo la propuesta. En particular, llamó la atención su participación en un foro realizado el pasado 4 de abril en Ibagué, Tolima, en el que también estuvieron presentes el presidente de Coljuegos, Marco Emilio Hincapié, y su hijo, Marco Emilio Hincapié Jr., este último completamente comprometido con la campaña en la capital tolimense.
El evento fue organizado por la Fundación Centro Colombiano de Estudios e Ideas Progresistas, y en él se discutió cómo deben formarse los comités que liderarán el impulso de la consulta popular en las regiones. En Tolima, la actividad política del petrismo tiene además el respaldo del actual ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, quien fue alcalde de Ibagué y mantiene fuerte influencia local.
En sus intervenciones, Hincapié Jr. dejó clara su intención de sumar fuerzas en torno a esta causa: “Vine a unir. Vine a sumar manos, a juntar esperanzas, a convocar corazones que ya no quieren promesas vacías, sino transformaciones reales. Porque este país no necesita más discursos bonitos; necesita justicia, necesita verdad, necesita coraje,” afirmó con un tono claramente proselitista.
El joven líder tolimense también se ha reunido con otras figuras claves del petrismo como Renzo García, cercano a la representante Martha Alfonso del sector progresista de la Alianza Verde, Cristhian Acosta de la Unión Patriótica del Tolima, el diputado Jaime Tocora, el representante a la Cámara David Racero, y Luisa Robayo, actual funcionaria del Ministerio de Ciencias y asesora de la ministra Yesenia Olaya.
Robayo, quien mantiene vínculos estrechos con la exministra de Trabajo Gloria Inés Ramírez, también está activa en la promoción de la consulta. Junto a ella se ha visto a Moisés Ninco Daza, exembajador en México, cuya salida del cargo estuvo rodeada de controversias, pero que ahora parece tener nuevos objetivos en esta apuesta política.
La evidente movilización de funcionarios ha encendido las alarmas en la oposición. El senador Miguel Uribe, del Centro Democrático, ha sido uno de los más críticos frente a esta campaña prematura. En declaraciones recientes afirmó que tanto el presidente como sus funcionarios estarían incurriendo en prevaricato.
“El presidente Gustavo Petro no puede hacer lo que se le dé la gana con este país y mucho menos lanzarse de frente a la ilegalidad una vez más. El anuncio de la creación de promotores del comité por el ‘sí’ para una consulta, que ni siquiera existe y que no ha sido presentada en el Congreso, y mucho menos autorizada, pisotea una vez más las normas, desafía el orden constitucional y burla los controles democráticos,” sentenció.
El contexto revela que el petrismo ya ha comenzado a capitalizar políticamente esta propuesta, con miras puestas en las elecciones del 2026. Más allá del contenido de la consulta, el despliegue nacional de esta campaña demuestra cómo el oficialismo busca posicionarse desde ya en el debate público, bajo la narrativa de que “el pueblo decida” los cambios estructurales del país.
No obstante, la legalidad del proceso ha sido fuertemente cuestionada, ya que el Senado aún no ha aprobado la propuesta, y las normas vigentes establecen límites claros a la participación en política de los funcionarios públicos. Por ahora, se espera que el próximo lunes 21 de abril se presente oficialmente el texto de la consulta, lo que marcará el inicio formal del proceso legislativo.
Mientras tanto, el debate seguirá intensificándose. Para unos, la consulta popular representa una oportunidad para profundizar las reformas sociales prometidas por Petro; para otros, se trata de un uso inadecuado del poder con fines claramente electorales.
Y.A.
