Un reciente análisis reveló que el Gobierno del presidente Gustavo Petro ha registrado un crecimiento histórico en el número de empleados públicos, sumando cerca de 27.000 nuevos funcionarios entre 2023 y 2024. Esta expansión en la burocracia estatal marca el incremento más alto desde la emergencia sanitaria por la pandemia y contrasta con las promesas del mandatario de reducir la dependencia del Estado a través de contratos por prestación de servicios.
Según datos del Sistema Electrónico de Contratación Pública (Secop), el número de empleados públicos pasó de 889.000 a 916.000 en solo un año. Además, se evidenció un aumento significativo en el uso de contratos de prestación de servicios (OPS), modalidad que Petro había asegurado llevaría «a la historia».
La mayoría de los nuevos contratos fueron firmados bajo esta figura, caracterizada por ser de corta duración y no garantizar derechos laborales como vacaciones, estabilidad ni prestaciones sociales. De hecho, la duración promedio de estos contratos en la actual administración es de apenas 211 días, inferior a los promedios registrados en los gobiernos de Iván Duque (230 días) y Juan Manuel Santos (234 días).
El uso de los OPS también se disparó en entidades como la Agencia Nacional de Tierras, la Defensoría del Pueblo, el DANE y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. En algunos casos, como en el DANE, los contratos se han destinado al desarrollo del Censo Nacional Urbano, mientras que en la ANT se han enfocado en el catastro multipropósito. Sin embargo, también se reportan reorganizaciones internas y recortes en áreas específicas.
En contraste, la Defensoría del Pueblo informó una reducción en sus contratistas entre 2024 y 2025, argumentando una revisión de necesidades institucionales.
Este crecimiento de la planta estatal se da en medio de una difícil situación fiscal. El Gobierno ha priorizado los gastos de funcionamiento en el presupuesto de 2025, lo que ha llevado a considerar medidas extraordinarias como adelantar impuestos del año 2026 o incluso declarar una emergencia económica.
Según expertos, el incremento del 3 % en el número de empleados públicos entre 2023 y 2024 representa un salto diez veces superior al promedio anual registrado entre 2016 y 2022, que fue de apenas 0,02 %. Asimismo, el gasto en contratos OPS ya supera los 8 billones de pesos desde el inicio del actual mandato.
El crecimiento de la burocracia y el incumplimiento de promesas relacionadas con la estabilidad laboral ponen en entredicho uno de los pilares del discurso presidencial, generando críticas desde distintos sectores políticos y sociales.
