En un nuevo capítulo de su estrategia fiscal, el Gobierno de Gustavo Petro reveló que espera recaudar $7,38 billones a través de un ajuste en el sistema de autorretención en la fuente, medida que ya genera inquietud entre gremios y empresarios del país. La propuesta, actualmente en fase de borrador por parte del Ministerio de Hacienda, busca que unas 400 actividades económicas anticipen el pago de sus tributos para aliviar las finanzas públicas en el corto plazo.
El director de la DIAN, Luis Eduardo Llinás, detalló en entrevista con El Tiempo que esta medida no afectará a sectores como el financiero o el transporte de pasajeros, considerados ya como “estresados fiscalmente”, pero sí comprometerá a grandes compañías que, según el Gobierno, tienen margen para adelantar parte de los impuestos que deben pagar en 2026.
Aunque reconoce que esta estrategia puede dejar un hueco fiscal en el mediano plazo, Llinás aseguró que el Gobierno trabaja en más control, fiscalización y modernización de la DIAN, apuntando especialmente a sectores que aún no tributan lo suficiente, como las plataformas digitales.
Además, ante los posibles decretos de emergencia económica que se plantean por la propagación de la fiebre amarilla y las recientes inundaciones, Llinás no descartó nuevos impuestos. “Es lo más probable, porque en una emergencia se necesitan recursos”, declaró, señalando que varios territorios afectados requieren apoyo urgente del Estado.
Con un estimado de crecimiento económico entre 2,6 % y 3,2 % para 2025, el Gobierno busca equilibrio entre gasto y recaudo. Sin embargo, voces críticas advierten sobre el impacto de estas medidas en la inversión y el clima empresarial, en momentos en que la confianza del sector productivo enfrenta tensiones.
¿Una jugada para sostener las finanzas en el corto plazo o una señal de alerta sobre la salud fiscal del país? El debate apenas comienza.
