Al cumplirse este 1º de mayo un año de la implementación del nuevo modelo de salud del magisterio, el fiscal de la Asociación de Educadores del Atlántico (ADEA), Alberto Ortiz Saldarriaga, hizo duras advertencias a Fiduprevisora, instándola a tomar todas las medidas necesarias para evitar la repetición de un nuevo escenario de caos y vulneración de derechos fundamentales de los docentes y sus núcleos familiares, similar al de 2024.
El directivo sindical no descartó como imposible una situación indeseada de esa naturaleza y gravedad, en la medida en que Fiduprevisora está en un proceso de revisión de los contratos vigentes para determinar cuáles de los actuales contratistas podrían continuar y a cuáles no se les renovaría contrato, lo que podría ocasionar traumatismos que Ortiz calificó como inaceptables.
Aparte de lo anterior, el fiscal de ADEA denunció retrasos significativos en los procesos de pago a las IPS que atienden a los docentes, atribuibles a Fiduprevisora, lo que también podría ocasionar en cualquier momento interrupciones en la prestación de los servicios.
«Hasta ahora no han suspendido la atención porque tienen expectativas de renovación de sus contratos, pero no sabemos qué podría desencadenarse o qué podría pasar con aquellos prestadores a los que hace meses no se les paga, en el evento de que sus contratos no se renueven», señaló Ortiz.
Tras un año, el directivo sindical calificó los avances en el modelo como lentos y aún lejanos de las expectativas, necesidades e intereses de los maestros y maestras. “Seguimos en pañales en el tema de provisión oportuna de medicamentos; en la creación de un sistema de historia clínica interoperable que permita que los maestros puedan ser atendidos en cualquier lugar del país; en el tema de seguridad social y salud en el trabajo; y en garantizar plena autonomía y libertad a los maestros para escoger, sin interferencia externa, a quienes deseen que les presten sus servicios en todos sus niveles”, afirmó.
Sobre este último tema, el fiscal de ADEA fue enfático en precisar y dejar claro a Fiduprevisora que no es función del sindicato recomendar o avalar nombres de prestadores. “Ese tema no se ha discutido ni decidido nunca en Junta Directiva, pues ello desnaturalizaría y deslegitimaría nuestra razón de ser como veedores y garantes de la prestación de servicios a nuestros afiliados”, puntualizó Ortiz, quien hizo un llamado anticipado a los organismos de control para que intervengan con anticipación en función de garantizar la continuidad en la atención médica a los docentes de esta sección del país.
