Por Unidad Investigativa
A medida que se revelan los oscuros entramados de la parapolítica en el Magdalena, se hace más evidente cómo, durante años, se construyó una narrativa falsa para perseguir a opositores políticos y encubrir los crímenes de Estado.
El caso del profesor Roque Morelli es uno de los más dolorosos ejemplos de cómo la inteligencia militar, en complicidad con grupos paramilitares y sectores del aparato judicial, tejió un expediente de muerte, manipulación y persecución.
El pasado 1 de abril de 2025, la Fiscalía expidió una resolución de acusación contra los exjefes paramilitares Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’, y Adriano Sánchez Comas, por el asesinato del profesor Roque Alfonso Morelli Zárate. El documento, revelador y contundente, confirma lo que muchos denunciaron durante años: Morelli fue asesinado por aparecer en un listado elaborado por inteligencia militar y entregado al paramilitarismo. Ver link: https://www.fiscalia.gov.co/colombia/noticias/fiscalia-presenta-resolucion-de-acusacion-contra-alias-jorge-40-por-el-homicidio-de-roque-alfonso-morelli-zarate-decano-de-la-universidad-de-magdalena/ https://youtu.be/otHMlfTUNRo
¿Quién entregó ese listado?
Según la Fiscalía, fue el exdetective del extinto DAS, Gilibert Padilla. Este simple dato demuestra que no solo hubo participación armada en los asesinatos, sino que existió una alianza sistemática entre instituciones del Estado y estructuras criminales, con el propósito de eliminar a quienes eran incómodos para el orden dominante.
La historia se agrava aún más cuando se recuerda que, durante más de dos décadas, se mantuvo abierta una investigación contra el exgobernador Carlos Caicedo por este crimen. A pesar de la falta absoluta de pruebas, la Fiscalía sostuvo un proceso judicial que hoy se reconoce como infundado, basado en rumores y testimonios sin credibilidad, y que solo sirvió para hostigar políticamente a un líder progresista que incomodó a las élites locales.
La resolución del 2023 que archivó el proceso contra Caicedo no puede pasar como un simple acto administrativo. Es una prueba más de cómo la parapolítica usó la justicia como arma para consolidar su poder y silenciar voces alternativas. Mientras tanto, los verdaderos responsables del crimen, tanto los que empuñaron las armas como los que manipularon los expedientes, continuaron operando en las sombras con total impunidad.
“Se sigue cayendo el manto que vilmente impusieron contra Caicedo”: Gobernador Rafael Martínez
El crimen del profesor Roque Morelli ha tenido un profundo eco político en el Magdalena, especialmente por sus implicaciones en el caso del exgobernador Carlos Caicedo. A propósito de la resolución que acusa a los exjefes paramilitares ‘Jorge 40’ y Adriano Sánchez Comas, el actual gobernador Rafael Martínez rompió el silencio y lanzó una dura crítica al papel de las instituciones que, durante décadas, contribuyeron a montar una narrativa falsa contra su antecesor y aliado político.
“Siguen apareciendo las piezas del rompecabezas que la parapolítica del Magdalena montó por muchos años para incriminar a Carlos Caicedo”, afirmó Martínez, señalando que la resolución confirma lo que desde hace tiempo denuncian sectores alternativos: que Caicedo fue víctima de una persecución sistemática orquestada por estructuras criminales con respaldo institucional.
Para el mandatario, la revelación sobre el rol de inteligencia militar y del extinto DAS en la elaboración de listas de supuestos colaboradores de la guerrilla —listas que luego terminaron en manos de los paramilitares— no solo es alarmante, sino que desnuda la podredumbre institucional que operó en connivencia con los llamados “narco-clanes” para eliminar el liderazgo progresista en el Caribe.
“Se confirma que instituciones del Estado lideradas por alfiles de los narco-clanes tuvieron nexos con los armados para silenciar e intimidar a los liderazgos en el Caribe”, afirmó Martínez, quien celebró la revelación como un acto de justicia para Caicedo y para todas las víctimas indirectas de esa campaña de persecución.
Martínez también calificó como “un descanso” que se conozca finalmente la verdad detrás del crimen de Morelli, y arremetió contra quienes —según él— convirtieron este asesinato en una bandera de ataque político sin pruebas: “Caicedo siempre tuvo la razón, se sigue cayendo el manto que vilmente impusieron contra él”.
Las palabras del gobernador no solo defienden a Caicedo, sino que reavivan el debate sobre la profundidad de las redes de parapolítica en el Magdalena, un departamento donde, por años, la línea entre el poder legal y el ilegal fue borrada con total impunidad.
Hoy, cuando la justicia parece comenzar a desmontar esa estructura mafiosa, queda claro que la lucha por la verdad sigue siendo una necesidad urgente, no solo para reivindicar a los inocentes perseguidos, sino para evitar que este tipo de montajes vuelvan a repetirse.
Este caso no puede cerrarse con una resolución tardía. Es imperativo que el país, y especialmente el Magdalena, enfrenten su historia reciente con verdad y justicia.
Las víctimas merecen memoria, y los responsables, castigo. La parapolítica no fue solo una alianza entre narcos y políticos: fue, y sigue siendo, una estructura mafiosa que secuestró la democracia y pervirtió las instituciones.
