El Consejo Nacional de Inteligencia contradice a Trump y María Corina Machado, al afirmar que no hay pruebas de que el extinto grupo opere bajo órdenes del gobierno venezolano.
Un nuevo informe del Consejo Nacional de Inteligencia de Estados Unidos descarta cualquier vínculo entre el gobierno de Nicolás Maduro y el grupo criminal Tren de Aragua, contradiciendo los argumentos de la Administración Trump y de sectores de la oposición venezolana radical, como María Corina Machado, quienes utilizaron esa narrativa para justificar deportaciones masivas de migrantes venezolanos sin garantías legales.
El documento, al que tuvo acceso el medio The Washington Post, fue respaldado por unanimidad por 17 de las 18 agencias de inteligencia estadounidenses, con la excepción del FBI, que expresó reservas moderadas. La conclusión es clara: no existe evidencia de que el Tren de Aragua continúe operando o lo haga por órdenes de Caracas.
Esta es la segunda evaluación en dos meses que refuta las declaraciones del expresidente Donald Trump, quien en marzo invocó la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para deportar a cientos de venezolanos, acusándolos de ser parte de una supuesta “invasión criminal” dirigida por Maduro. Trump justificó esa medida con base en una teoría repetida por Marco Rubio y Machado, que ahora ha sido desmentida.
El informe también debilita el sustento legal de las deportaciones. Expertos señalan que la Ley de Enemigos Extranjeros exige un vínculo claro con un gobierno extranjero en conflicto con EE. UU., algo que el documento niega categóricamente.
«La idea de que Maduro dirige al Tren de Aragua y envía criminales a EE. UU. es absurda», declaró Geoff Ramsey, analista del Atlantic Council. Según Ramsey, el Tren de Aragua ya no opera como un grupo estructurado, sino como una marca criminal descentralizada.
Desde la Casa Blanca, se defendieron las deportaciones como una medida para “proteger a EE. UU. de terroristas”, aunque no presentaron pruebas concretas. Por su parte, la Oficina de la Directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, restó credibilidad al informe, señalando que se trataba de una acción del “deep state”.
Abogados de derechos humanos denunciaron que muchos deportados no tenían antecedentes penales. «Los arrestaron por su nacionalidad, no por pruebas», advirtió Ana Ortega, vocera de la ONG Venezolanos en el Exilio.
El conflicto escaló al plano judicial cuando el juez federal James E. Boasberg, de Washington D.C., ordenó en marzo detener las deportaciones y repatriar a los afectados. No obstante, la Administración ignoró la orden y envió a más de 200 venezolanos a una megacárcel en El Salvador, situación por la cual Boasberg advirtió posibles procesos por desacato.
«El Ejecutivo no puede ignorar a los jueces», afirmó Laura Gómez, profesora de Derecho Constitucional en Harvard, quien advirtió sobre una peligrosa confrontación entre poderes.
La más reciente actualización del caso ocurrió el miércoles 16 de abril, cuando el tribunal del Distrito de Columbia encontró fundamentos para declarar en desacato criminal a la Administración Trump por incumplir la prohibición judicial sobre estas deportaciones.
Y.A.
