Juan Carlos Cáceres y Emilio Tapia pactaron con la Fiscalía para obtener beneficios judiciales a cambio de información clave sobre el robo de $70.000 millones destinados a conectar escuelas rurales con internet. Aún no se recupera la mayor parte del dinero.
Estrategia de impunidad de los cerebros del desfalco de Centros Poblados
Por más de cuatro años, la justicia ha intentado cercar a los principales protagonistas del escándalo de Centros Poblados, uno de los mayores fraudes contra el Estado colombiano en la última década.
El contrato, impulsado por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTic) bajo la dirección de Karen Abudinen, tenía como objetivo dotar de internet a más de 14.000 escuelas rurales del país. En cambio, terminó con un anticipo de $70.243 millones que se esfumaron en una red de corrupción tejida por contratistas y empresarios.
Los nombres de Juan Carlos Cáceres Bayona y Emilio Tapia encabezan la lista de responsables. Ambos firmaron principios de oportunidad con la Fiscalía General de la Nación.
El acuerdo de Cáceres ya fue avalado por un juez, otorgándole impunidad total a cambio de devolver $12.000 millones, brindar información clave sobre el desvío de recursos y testificar contra otros implicados, como Ottomar Lascarro, quien controlaba las empresas Omega Building e Intec de la Costa, utilizadas para ganarse el contrato con MinTic.
En junio de 2021, la Unión Temporal Centros Poblados presentó garantías bancarias falsas para acceder al millonario contrato. De los recursos girados, Cáceres habría apropiado al menos $9.062 millones, con los que compró un apartamento y un vehículo de alta gama, según él mismo confesó.
Cáceres no era un novato. Desde 2008 operaba en el sector de telecomunicaciones. En 2011 fundó Funtics, empresa que obtuvo contratos por $6.500 millones en Atlántico, bajo la administración de Eduardo Verano de la Rosa.
A través de Funtics (rebautizada como Novotic en 2021), ejecutó más de $188 mil millones, muchos de ellos bajo cuestionamientos por sobrecostos y servicios de internet no prestados a colegios públicos.
La Contraloría General detectó pagos irregulares como $6.981 millones facturados a escuelas durante vacaciones y $1.664 millones cobrados en sobrecostos. Funtics incluso recibió $10.949 millones por megabytes que nunca contrató con sus proveedores.
El otro gran artífice del entramado, Emilio Tapia, estructuró el proyecto desde las sombras, usando intermediarios como Herles Ariza en ICM Ingenieros y Ottomar Lascarro, quien manejaba empresas clave dentro del consorcio.
Aunque Tapia no figura formalmente como socio de Centros Poblados, la Fiscalía determinó que controlaba tres de las cuatro firmas que conformaron el consorcio.
Tapia también firmó un principio de oportunidad. Ofreció pagar $5.000 millones y cumplir una condena de 6 años de prisión, aunque el acuerdo aún espera validación judicial. Fue liberado bajo libertad condicional el pasado 11 de abril.
En total, el Estado solo ha logrado recuperar poco más de $16.000 millones: los $12.000 millones de Cáceres, $2.000 millones por cobro coactivo, y $2.500 millones de los $5.000 millones prometidos por Tapia.
Otros implicados, como Juan José Laverde y Jorge López Benavides, devolvieron montos ínfimos: $186 millones y $187 millones respectivamente.
Después de casi cuatro años, más de $52.000 millones siguen perdidos. La impunidad, disfrazada de colaboración, parece haber sido el camino elegido por los autores del saqueo al sistema educativo colombiano.
Y.A.
