La administración Trump, con apoyo del secretario de Estado Marco Rubio, ha revocado más de mil visas estudiantiles, persiguiendo a jóvenes por su activismo político en defensa de Palestina, en un alarmante retroceso del derecho a la libertad de expresión.
En un preocupante giro autoritario, la administración Trump ha emprendido una campaña sistemática de deportaciones contra estudiantes internacionales que se manifiestan contra el genocidio en Gaza. Bajo el argumento de que estas expresiones suponen una amenaza para los intereses de la política exterior estadounidense, se han revocado al menos 1.179 visas estudiantiles, según un mapa de Inside Higher Ed.
El caso más simbólico es el del activista palestino Mahmoud Khalil, quien fue declarado “destituible” por un juez de inmigración en Luisiana, basándose únicamente en un memorando de una página y media firmado por el secretario de Estado Marco Rubio. El documento no presenta cargos criminales ni pruebas concretas, sino que afirma que su participación en protestas “socava los objetivos de política exterior” de EE. UU., alineados con la supuesta lucha contra el antisemitismo.
“Condonar la conducta antisemita y las protestas disruptivas en Estados Unidos socavaría gravemente ese importante objetivo de política exterior”, escribió Rubio. Sin embargo, la administración ha hecho caso omiso a incidentes de antisemitismo real como los comentarios de Marjorie Taylor Greene, RFK Jr. o el saludo fascista de Elon Musk.
Diala Shamas, abogada del Centro de Derechos Constitucionales, calificó la decisión como una grave amenaza para los principios democráticos: “Todos deberíamos estar profundamente preocupados”.
Otro caso alarmante es el de Rameysa Ozturk, estudiante de Tufts University, quien fue secuestrada en las calles de Somerville, Massachusetts, por agentes del ICE. Su detención, según reveló The Washington Post, no contaba con fundamentos probatorios suficientes para revocar su visa. Aun así, fue enviada a un centro de detención en Luisiana, donde ha sido víctima de abusos, falta de atención médica y trato degradante. “No somos monstruos. Hacemos lo que nos dice el gobierno”, le dijeron los agentes durante su detención.
En el mismo contexto, Mohsen Mahdawi, estudiante palestino con tarjeta verde en la Universidad de Columbia, fue arrestado durante su proceso de naturalización. Una petición de hábeas corpus presentada por sus abogados afirma que existe una política oficial de castigo hacia quienes expresan solidaridad con Palestina. “Estas acciones violan claramente la Primera Enmienda”, señala la demanda.
La política de represión a las ideas quedó también en evidencia cuando el ICE publicó en redes sociales una infografía en la que prometía detener “personas, dinero, productos e ideas” en la frontera. Tras cuestionamientos, la publicación fue eliminada sin explicaciones claras.
Mientras tanto, en Gaza, los bombardeos israelíes continúan con total impunidad y con respaldo financiero de EE. UU. El 2 de abril, un ataque a una clínica de la ONU en Jabalia mató a al menos 22 personas, incluyendo nueve niños. Poco después, 112 palestinos más fueron asesinados en ataques a escuelas y plantas de agua.
En palabras de un testigo: “Encontramos carne humana. Mujeres y niños inocentes fueron asesinados. Había cabezas separadas y diferentes partes del cuerpo por todas partes”.
Este panorama revela que la política de deportación y censura de la administración Trump no solo persigue disidentes dentro del país, sino que silencia voces que denuncian uno de los mayores crímenes humanitarios de nuestro tiempo. Una política que, de mantenerse, pone en riesgo las bases mismas del debido proceso, la libertad de expresión y los derechos constitucionales de cualquier persona dentro del territorio estadounidense.
Y.A.
