Por: Álvaro Cotes Córdoba
El 29 de octubre de 2023 se llevaron a cabo las elecciones para la Alcaldía del municipio de El Banco, Magdalena, resultando elegido el señor Ronald Darío Flórez Sierra.
En el marco de la financiación electoral, el aplicativo oficial “Cuentas Claras” del Consejo
Nacional Electoral, reporta que los ciudadanos Priscila Pérez Bello y Ciro Rafael Varela Pedrozo, efectuaron una donación por valor de 50.000.000 millones de pesos, cada uno aportando $25.000.000 a la campaña del hoy alcalde Ronald Darío Flórez Sierra
Según la queja, la contribución excede el tope legal del 2% del valor máximo permitido en virtud del artículo 2 de la Ley 1474 de 2011 y la Resolución No. 0669 de 2023 del Consejo Nacional Electoral, que fijó el tope máximo según el censo electoral del municipio de El Banco, Magdalena en $824.623.300.
En consecuencia, el monto máximo de donación permitido por parte de personas naturales o jurídicas con interés en contratar en el municipio es del 2% de dicho valor, es decir, $16.492.466.
Posterior a la posesión del señor Flórez Sierra como alcalde para el periodo 2024– 2027, los señores Priscila Pérez Bello y Ciro Rafael Varela Pedrozo, fueron beneficiados con nombramientos. Por ejemplo, la señora Pérez Bello fue nombrada gerente de la E.S.E “Samuel Villanueva” y el señor Varela Pedrozo como tesorero municipal.
Sin duda, está claro la violación del tope, por lo que los abogados demandantes, William Jácome Urrea, Germán Percy Rodríguez y Belisario Jiménez Luquez, solicitaron a los entes de control, hagan las respectivas investigaciones.
De la misma manera se pide a esos organismos que no se dejen corromper por favores políticos, en especial del congresista Carlos Mario Farelo, de quien se conoce, ejerce algún tipo de autoridad sobre el procurador regional.
Este caso es parecido al de Carlos Pinedo, con la diferencia de que este último devolvió el favor al donante de su campaña con un contrato millonario mensual por el arriendo de dos casas donde hoy funciona la secretaría de Planeación y de Gobierno del Distrito de Santa Marta.
De todas maneras, ambos casos evidencian las violaciones de los topes, delitos graves que promueven la corrupción que las autoridades deben de investigar y castigar a los responsables.
