Una nueva controversia ha estallado en el escenario político colombiano luego de que Ángela Benedetti, exembajadora en Panamá y hermana del ministro del Interior, Armando Benedetti, revelara presuntos vínculos de la canciller Laura Sarabia con una red de influencia dentro de importantes entidades del Estado.
Según lo denunciado por Benedetti a través de su cuenta en la red social X, Sarabia estaría implicada en una serie de nombramientos estratégicos que habrían beneficiado a personas cercanas a su círculo familiar y político. Entre las entidades mencionadas se encuentran el Fondo Nacional del Ahorro, el Grupo Bicentenario, Fiduprevisora y la Sociedad de Activos Especiales (SAE).
La exdiplomática sostuvo que Sarabia hace parte de la junta directiva del Grupo Bicentenario, entidad que, por operar bajo normas del derecho privado, no está sujeta al régimen de contratación pública. Asimismo, señaló como sospechosa la designación de Laura Rojas, directora del Fondo Nacional del Ahorro, por su cercanía con Andrés Sarabia, hermano de la canciller.
Otra de las instituciones señaladas fue Fiduprevisora, donde, según Benedetti, la actual vicepresidenta de contratación derivada, Daniela Andrade, sería pareja de Jaime Ramírez Cobo, exasesor del Dapre durante la gestión de Sarabia y mencionado en escándalos recientes relacionados con la Ungrd y el sistema de salud.
La canciller respondió de inmediato a través de sus redes sociales, informando que ya había entregado a la Fiscalía General audios y mensajes como parte de una investigación en curso. Uno de los audios revelados corresponde a una conversación entre Sarabia y el ministro Armando Benedetti, en la que este asegura que puede ser designado en cualquier cargo público, dado que sus procesos judiciales estarían “controlados”.
La grabación generó una fuerte reacción del exfiscal general Francisco Barbosa, quien rechazó categóricamente cualquier insinuación de haber pactado acuerdos con Benedetti y reafirmó que durante su gestión se avanzó en procesos judiciales en su contra.
Las denuncias, que apuntan a una posible red de favores dentro de entidades que manejan recursos públicos, han desatado un nuevo escándalo en el Gobierno del presidente Gustavo Petro, y podrían tener repercusiones legales y políticas en los próximos días.
