Por Álvaro Cotes Córdoba
Los abogados Germán Percy Rodríguez, William Augusto Jácome Urrea y Belisario Jiménez Luquez, presentaron una queja disciplinaria ante la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Administrativa y la Fiscalía General de la Nación, contra Carlos Pinedo, hoy alcalde de Santa Marta, por presuntas violaciones al régimen de financiación de campañas electorales y a la ley anticorrupción.
Según los denunciantes, Pinedo habría excedido los topes de campaña mediante una donación de 37 millones de pesos realizada por Osvaldo José Arias Pérez, quien después fue favorecido con la entrega de dos contratos de arrendamiento, por un valor de 100 millones de pesos mensuales, para los inmuebles que actualmente ocupan la Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Planeación.
En la gráfica, la donación a la campaña.
El contrato de arriendo.
La queja alega que estos contratos constituyen una devolución de favores, lo que representa una violación a las normas de transparencia y lucha contra la corrupción.
En algunos casos, las donaciones pueden estar vinculadas a expectativas de favores futuros, como contratos públicos, licencias o, en este caso, un arriendo millonario exagerado. Esto podría implicar que el donante, tras contribuir a la campaña, recibió un contrato de arrendamiento inflado o innecesario como una forma de retribución, lo que podría constituir un acto de corrupción, como tráfico de influencias o pago de favores.
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| La denuncia. |
Un caso parecido al que involucra a Pinedo, ocurrió en Valledupar, en donde la Alcaldía pagó más de 400 millones de pesos en tres años por el arriendo de una casa para la Secretaría de Educación, mientras la sede propia estaba en mal estado. El contrato benefició a Nubia Esther Quintana, esposa de Víctor Ochoa Daza, un dirigente político que apoyó la elección del alcalde Augusto Ramírez. El alto costo del arriendo sugirió un posible favoritismo o retribución por apoyo político.
¿Qué es una «donación bipartita» en este contexto?
Una donación que involucra dos partes (el donante y el candidato) con un acuerdo implícito o explícito de reciprocidad, como el caso descrito donde el donante aporta dinero y el candidato, una vez electo, retribuye con un contrato de arriendo millonario, lo cual encaja con un esquema de corrupción política, donde el arriendo podría ser una forma de «pagar» la donación inicial.
El donante aportó dinero, para asegurar la elección del candidato y su contrato posterior, es decir, un plan perfecto para despilfarrar el dinero público.
Y por eso, una vez en el poder, el alcalde otorgó el contrato de arrendamiento inflado o innecesario al donante.
Las autoridades competentes deberán ahora investigar las acusaciones, para determinar si existieron irregularidades en la financiación de esa campaña y en la adjudicación de los dos contratos de arriendo que de seguir, el saqueo al tesoro de Santa Marta, será mil veces más grande del que le hicieron a los indígenas hace 500 años.
