El estado de California se convirtió en el primero de Estados Unidos en presentar una demanda judicial contra el expresidente Donald Trump por la imposición de aranceles que, según la administración estatal, han afectado gravemente el comercio y la economía local.
La acción legal fue anunciada por el gobernador Gavin Newsom, quien calificó los aranceles como «una medida unilateral, dañina e injustificada que ha trastocado las cadenas de suministro, afectado la producción agrícola e industrial, y puesto en riesgo miles de empleos californianos».
La demanda no solo impugna los aranceles en sí, sino también los poderes de emergencia invocados por Trump para justificar su imposición durante su mandato. Es la primera vez que un estado desafía directamente la legalidad de estos gravámenes y plantea un cuestionamiento constitucional al uso del poder ejecutivo en materia de comercio exterior.
California, considerada la quinta economía más grande del mundo, concentra una parte significativa de la producción manufacturera y agrícola de Estados Unidos, sectores que —según el gobierno estatal— han sufrido pérdidas sustanciales a raíz de las medidas arancelarias.
La Casa Blanca, por su parte, desestimó la demanda. En un comunicado, el portavoz Kush Desai afirmó que el expresidente Trump actuó «para enfrentar una emergencia nacional que está diezmando a las industrias estadounidenses» y criticó al gobernador Newsom por «ignorar los verdaderos problemas de California, como la delincuencia y la falta de vivienda».
Newsom y el fiscal general del estado, Rob Bonta, anunciaron la demanda en una conferencia de prensa en una finca de almendras, uno de los cultivos más importantes de California.
Casi el 82% de las almendras del mundo provienen de California. También es el único productor nacional de alcachofas, higos, aceitunas, nueces y pasas.
El gobierno de Trump alega que los aranceles buscan abordar los desequilibrios en el comercio internacional.
Newsom argumentó que California se ha visto «desproporcionadamente afectada» por los aranceles, por lo cual el estado, que ya ha presentado 15 demandas contra Trump desde enero, liderará la lucha contra los aranceles, que en este momento se sitúan en 10% para la mayoría de los países y 145% para China.
«Esa es nuestra mentalidad», declaró el gobernador. «Es por eso que nos hacemos valer en nombre de 40 millones de estadounidenses».
La demanda impugna la invocación de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional para promulgar los aranceles, argumentando que la normativa nunca se había utilizado para ese fin y que tales facultades recaen en el Congreso de Estados Unidos.
La autoridad presidencial
El recurso cita en múltiples ocasiones fallos de la Corte Suprema de Estados Unidos contra el gobierno del expresidente Joe Biden en su intento de condonar la deuda estudiantil, al señalar que el máximo tribunal calificó las decisiones de Biden como una «expansión transformadora» de la autoridad presidencial.
Newsom afirmó que si la Corte Suprema es «consistente», esta demanda es un éxito asegurado para el estado.
La ley nunca ha sido utilizada para imponer aranceles por ningún presidente, según investigaciones del Congreso.
Si bien California es el primer estado en presentar acciones legales contra el gobierno de Trump por los aranceles, varias otras demandas introducidas por pequeñas empresas y un grupo de derechos civiles han cuestionado de manera similar la autoridad de Trump en el asunto.
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Desde su investidura en enero, se han producido numerosos anuncios sobre aranceles.
El presidente estadounidense afirma que los impuestos a la importación animarán a los consumidores estadounidenses a comprar más productos fabricados en Estados Unidos, aumentarán la recaudación impositiva y generarán enormes niveles de inversión en el país.
Los críticos argumentan que el retorno de la manufactura a Estados Unidos es complicado y podría llevar décadas, y que la economía sufrirá dificultades en lo inmediato.
Sin embargo, Trump también dio marcha atrás en muchos de sus anuncios.
Apenas horas después de que entraran en vigor los elevados gravámenes contra aproximadamente 60 socios comerciales de Estados Unidos a principios de este mes, el mandatario anunció una pausa de 90 días en su aplicación a todos los países excepto China, en medio de la creciente oposición de los políticos y los mercados.
Esta disputa abre un nuevo capítulo en el debate sobre el alcance del poder presidencial en temas comerciales y podría escalar hasta la Corte Suprema, dada la magnitud del caso y sus implicaciones a nivel federal e internacional.
