El Consejo Gremial Nacional advierte que modificar la retención en la fuente afectará la liquidez de empresas y trabajadores, y exige responsabilidad fiscal al Gobierno.
El Consejo Gremial Nacional manifestó su rechazo al proyecto de decreto impulsado por el Gobierno Nacional, que busca modificar el mecanismo de autorretención y elevar las bases mínimas de la retención en la fuente. A través de un comunicado, el gremio alertó sobre los posibles efectos económicos, fiscales y jurídicos que acarrearía la medida.
“Desde el Consejo Gremial Nacional expresamos nuestra profunda preocupación por el nuevo proyecto de decreto que pretende modificar el mecanismo de autorretención y aumentar las bases mínimas de retención en la fuente”, señaló el pronunciamiento.
De acuerdo con el Consejo, esta propuesta “lejos de representar una solución estructural, es una maniobra de caja sin sustento técnico, sin visión de largo plazo y con serias consecuencias para la economía nacional”. En ese sentido, calificó la iniciativa como un “crédito forzado” impuesto al sector productivo para cubrir el déficit fiscal. “Lo que propone el Gobierno equivale a pedirle al país productivo un crédito forzado para financiar el déficit fiscal generado por su ineficiencia en la ejecución del gasto público”, aseguró.
Además, señaló que se trata, en la práctica, de una reforma tributaria encubierta que traslada la carga a quienes cumplen con sus obligaciones y generan ingresos. “La retención en la fuente no es un impuesto adicional, es un anticipo. Es un cobro adelantado sobre ingresos que ni siquiera se han terminado de consolidar”, explicó el gremio.
Según cifras de Fedesarrollo, esta propuesta implicaría un adelanto de impuestos del año 2026 por $13,9 billones, lo que representa el 0,8 % del PIB. Este movimiento podría agravar el hueco fiscal futuro y poner en riesgo tanto el cumplimiento de la regla fiscal como la calificación crediticia del país.
Desde el plano jurídico, el Consejo señaló que el decreto vulnera el principio de legalidad, al aplicar una autorretención del 3,5 % a entidades no contribuyentes del impuesto sobre la renta, como las contempladas en el artículo 23 del Estatuto Tributario. “Al no existir un impuesto a cargo, este anticipo se convierte en un pago sin causa tributaria”, sostuvo.
También criticó que la norma no contemple mecanismos de compensación ni beneficios, lo que impactaría negativamente a organizaciones sin ánimo de lucro y modificaría de manera sustancial el régimen fiscal sin una reforma legal que lo respalde.
Finalmente, el Consejo hizo un fuerte llamado al Ejecutivo: “Hacemos un llamado firme al Gobierno Nacional para que ajuste el gasto y priorice la inversión eficiente, respetando los principios de sostenibilidad y responsabilidad fiscal”.
Y.A.
