José Antonio Ocampo y José Ignacio López cuestionan la declaratoria del presidente Gustavo Petro y advierten sobre su falta de justificación legal y económica para enfrentar la propagación del virus de fiebre amarilla.
El reciente anuncio del presidente Gustavo Petro sobre la declaratoria de emergencia económica y sanitaria en Colombia, como medida para enfrentar el avance del virus de la fiebre amarilla, ha generado un intenso debate entre analistas económicos y expertos en políticas públicas.
En una entrevista radial, el exministro de Hacienda José Antonio Ocampo calificó esta decisión como “innecesaria” y fue enfático al señalar que “sería declarada inconstitucional”, lo que pone en duda la viabilidad jurídica de la iniciativa del Ejecutivo.
Otro crítico de la propuesta fue José Ignacio López, presidente de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif), quien también manifestó su desacuerdo: “La economía colombiana enfrenta retos estructurales que no necesariamente se resolverían con esta medida. No consideramos que haya argumentos para declararla”, afirmó el directivo.
Por su parte, el Ministerio de Hacienda no ofreció información detallada sobre las estrategias económicas que acompañarían esta emergencia para asegurar los recursos necesarios. La falta de claridad preocupa a varios sectores económicos que temen decisiones improvisadas sin estudios técnicos previos.
Desde el gobierno, sin embargo, el presidente Petro defendió la medida con firmeza. En su cuenta de X, aseguró: “Voy a decretar la emergencia económica, después de la sanitaria. Pero no por lo que dicen los contrabandistas, lavadores y petroleros que son los que vienen dominando la política económica de Colombia, sino por algo simple y contundente: LA VIDA… el calor permitió que el insecto alcanzara zonas de alta montaña y entrara a ciudades como Bogotá”.
Según el mandatario, la emergencia busca acelerar la vacunación y dotar a los hospitales públicos de “tecnología y máquinas” adecuadas para atender los casos de contagio.
Aunque la preocupación por el avance del virus es legítima, las voces críticas insisten en que esta medida debe estar debidamente sustentada y respetar el marco legal. La Corte Constitucional podría ser clave en determinar si el uso del estado de excepción en este caso cumple con los requisitos establecidos por la ley.
Y.A.
