Mientras el Ministerio de Hacienda publica un borrador de decreto para anticipar el recaudo de impuestos del 2026 —una medida que podría aliviar momentáneamente la caja del Gobierno— una bomba silenciosa amenaza con estallar: 61 billones de pesos en facturas sin pagar del año 2024.
Estos “rezagos presupuestales”, como se les conoce técnicamente, no son simples cuentas pendientes. Representan obligaciones ya adquiridas por el Estado que deben pagarse este año, y que no están incluidas en el presupuesto actual. El problema: consumen el 12% del presupuesto de 2025, sin estar presupuestadas, lo que genera una presión sin precedentes sobre las finanzas públicas.
En lo que va de 2025, el Gobierno ya ha destinado el 60% del presupuesto de inversión a cubrir esas deudas del año anterior, y no a nuevos proyectos. Eso explica en parte por qué, entre enero y febrero, el gasto fue récord: 42 billones de pesos se usaron principalmente en rezagos, disparando el déficit fiscal a niveles alarmantes: $17 billones en febrero y $12 billones en enero.
La estrategia, aunque útil para no dejar cuentas sin pagar, está vaciando el margen de maniobra del próximo gobierno, que heredará un Estado con menos recursos y más obligaciones fijas.
El exministro Diego Guevara había propuesto un recorte de 10 billones para evitar el colapso, pero fue relevado del cargo tras no alinearse con la visión del presidente Gustavo Petro, quien se opone a reducir el gasto. Ahora, con Germán Ávila como nuevo ministro, el Gobierno plantea cobrar anticipadamente impuestos del 2026, para cubrir el vacío de este año.
Una deuda creciente y poco visible
El rezago presupuestal no es nuevo, pero sí es más grave: el doble que en 2023. Y aunque siempre existen, este monto es el más alto en lo que va del siglo. El 58% de esas facturas sin pagar corresponden a proyectos de inversión; el resto se reparte entre funcionamiento y transferencias. Incluso hay $475 mil millones en rezagos por sueldos, lo que refleja retrasos preocupantes en pagos al personal estatal.
Según el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf), este incremento en los rezagos “eleva los riesgos fiscales”, y de no hacerse ajustes, puede convertirse en un patrón que socave la credibilidad del país, encarezca la deuda y limite la capacidad de acción del Estado.
Además, como los rezagos no son recortables (por ley deben pagarse), si los ingresos del Estado no mejoran, todo lo demás debe sacrificarse: inversión, subsidios, planes de desarrollo.
Un legado con alto costo
El gran dilema para el presidente Petro es decidir entre pagar lo que se debe o gastar en lo que quiere. Por ahora, ha optado por lo primero, pero dejando en suspenso los compromisos de 2025, que ya empiezan a acumular su propio rezago: $56 billones en contratos firmados y aún no pagados, solo entre enero y febrero.
Si esta tendencia continúa, el país podría entrar en un ciclo vicioso de acumulación de deuda silenciosa, donde cada año se arrastren más obligaciones, y cada administración tenga menos espacio para ejecutar su propio programa de gobierno.
Así, mientras el decreto de anticipar impuestos suena como una solución, la verdadera crisis está en las facturas sin pagar que nadie ve, pero que todo gobierno deberá cubrir.
