En Barranquilla, la voz de unos padres angustiados encontró eco en la justicia.
El Juzgado Catorce Civil Municipal falló a favor de Mía Daviana Bolívar Santiago, una menor que lucha cada día por su salud tras recibir un trasplante de riñón. La decisión se dio tras una acción de tutela interpuesta por sus padres, Elkin Bolívar y Keilen Santiago, quienes denunciaron que su hija no estaba recibiendo los medicamentos necesarios para evitar el rechazo del órgano.
El abogado Juan Carlos Zamora Calleja fue quien representó legalmente a la familia. En la tutela, dejó en evidencia que la responsabilidad de suministrar los medicamentos recaía sobre la Asociación Mutual SER y la empresa Audifarma S.A., entidades que, a pesar de haber sido notificadas, no respondieron ni ofrecieron justificación por su incumplimiento.
La jueza Carmen Beatriz Barros Lemus, al conocer el caso, no titubeó: ordenó a las entidades accionadas que entreguen de forma inmediata y continua los medicamentos que Mía necesita, en un plazo no mayor a 48 horas. En su fallo, la jueza recordó que la salud es un derecho fundamental, aún más cuando se trata de niños, quienes gozan de especial protección constitucional.
Además, el juzgado solicitó que el fallo sea notificado al Defensor del Pueblo y enviado a la Corte Constitucional para su eventual revisión, un paso que refuerza la relevancia de este precedente en la defensa de los derechos de los menores en el país.
Este caso, más allá del expediente y los sellos judiciales, pone de relieve una realidad dolorosa: la fragilidad del sistema de salud ante los más vulnerables, y la necesidad de que el Estado, a través de sus instituciones, garantice de forma efectiva el acceso a tratamientos médicos vitales.
Hoy, gracias a la acción decidida de una familia y la intervención de la justicia, Mía Daviana tiene una nueva oportunidad de seguir adelante. Pero su historia también es un llamado urgente a fortalecer la vigilancia y la responsabilidad en el sistema de salud colombiano.