La Fiscalía investiga al alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, por posibles delitos en la designación de exconcejales, mientras que el nombramiento de Leyton Barrios y de otros funcionarios en la Gobernación del Atlántico también genera dudas legales.

El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char Chaljub, enfrenta una investigación penal por parte de la Fiscalía General de la Nación a raíz de una denuncia que lo acusa de haber incurrido en presuntas irregularidades durante el nombramiento de varios funcionarios en su actual administración. La diligencia judicial tuvo lugar el pasado 22 de enero de 2025, cuando un fiscal especializado interrogó al mandatario barranquillero, en el marco de un expediente que se sigue en su contra y que ha sido revelado por un medio de comunicación nacional.

Según el documento oficial del ente acusador, la investigación tiene su origen en una denuncia radicada en junio de 2024 por el ciudadano José Raúl Rodríguez Jiménez, quien asegura que Char habría cometido los delitos de prevaricato por acción y falsedad ideológica en documento público al designar a cuatro personas en altos cargos dentro del gobierno distrital.

Los señalados en la denuncia son Elania Redondo Peña, secretaria Distrital de Gestión Humana; Andrés Felipe Rengifo Lemus, jefe de la Oficina de Participación Ciudadana; Juan Carlos Ospino Acuña, secretario de Cultura y Patrimonio; y Richard Manuel Fernández Barraza, jefe de la Oficina de Asuntos Portuarios. Todos ellos fueron concejales de Barranquilla durante el periodo 2020-2023 y, tras no haber sido reelegidos para el nuevo periodo 2024-2026, fueron incorporados a la administración Char en enero de 2024.

La denuncia plantea que, al nombrarlos en estos cargos, se vulneró el régimen de inhabilidades e incompatibilidades para servidores públicos, dado que los exconcejales no habrían cumplido con el plazo legal de 12 meses fuera del servicio público ni con la renuncia a sus partidos políticos antes de asumir nuevos cargos en una entidad pública.

“El alcalde Alejandro Char profirió los actos administrativos para nombrar a los antes mencionados en los cargos relacionados después de haber perdido sus espacios en el concejo de Barranquilla (…) Char desconoció, muy a pesar del cuerpo de asesores con los que cuenta en su administración, el Régimen de inhabilidades e Incompatibilidades para funcionarios públicos”, señala la denuncia.

La misma apunta que los funcionarios nombrados conocían las limitaciones legales para asumir cargos de nombramiento directo: “Los exconcejales tenían pleno conocimiento de la norma vulnerada, que tenían que esperar 12 meses para poder aceptar un nombramiento en cualquier corporación pública, de igual forma conocían de pleno que al aceptar un cargo público incurrían en una causal de inhabilidad contemplada en el artículo 43 de la Ley 599 de 2000, numerales 1 y 2”.

En desarrollo de la investigación, la Fiscalía no solo escuchó a Char, sino también a los cuatro funcionarios señalados en la denuncia. Así lo confirmó el ente acusador a través de un derecho de petición en el que se detalla que los interrogatorios se llevaron a cabo el mismo día.

Según el fiscal del caso, el objetivo de estas diligencias fue que los implicados “se pronunciaran respecto de los señalamientos de la denuncia, por lo que se allegó (al despacho del fiscal) el informe de investigador de campo del 2 de abril de 2025, que aporta las diligencias rendidas por cada una de las personas denunciadas”.

Además de los testimonios, la Fiscalía ha adelantado la recolección de documentos clave. Se obtuvieron registros del Concejo de Barranquilla que confirman el paso de los investigados por dicha corporación durante el periodo 2020-2023. Igualmente, se solicitó a la Alcaldía de Barranquilla las actas de posesión de cada uno de los funcionarios implicados, con el fin de verificar fechas y posibles irregularidades en su nombramiento.

A pesar de los intentos del mencionado informativo, fuente de este escrito, por obtener una reacción del alcalde Char o de su equipo de comunicaciones, hasta el momento no ha habido ningún pronunciamiento oficial sobre el caso. Este silencio ha generado expectativa en la opinión pública, teniendo en cuenta que Char ha sido una figura prominente en la política nacional y precandidato presidencial en 2022.

Nombramiento de Leyton Barrios en la Gobernación del Atlántico también estaría viciado por inhabilidad legal

El nombramiento de Leyton Daniel Barrios Torres como secretario de Educación del Atlántico por parte del gobernador Eduardo Verano despertó serias dudas legales en su momento. Barrios, quien fue concejal de Barranquilla durante el periodo anterior, no resultó electo en las pasadas elecciones locales, y por tanto, de acuerdo con la normatividad vigente, debía esperar un año para volver a ejercer un cargo público en la misma jurisdicción

La situación fue explicada un experto en el tema: “Igual situación tiene Verano al nombrar a Leyton Barrios, en la gobernación, al no haber sido elegido como concejal. Tenía que esperar un año para poder ocupar cargo”. Esta disposición está contemplada en el régimen de inhabilidades del ordenamiento jurídico colombiano, y busca evitar conflictos de interés y asegurar la transparencia administrativa.

Barrios asumió en enero de 2024 como secretario de Educación, apenas semanas después de haber finalizado su periodo en el Concejo. El exconcejal es abogado de la Universidad del Atlántico, con especialización en Derecho Administrativo de la Universidad Libre. Sin embargo, más allá de su formación, su designación es objeto de debate jurídico.

De fondo, esta polémica se inscribe en un patrón ya conocido dentro del tercer mandato de Eduardo Verano, quien ha sido señalado de conformar su gabinete en función de acuerdos políticos, en especial con la casa Char y otras fuerzas tradicionales del Atlántico. La designación de Barrios, cercano al charismo y sin experiencia en el sector educativo, refuerza esa percepción.

Desde algunos sectores se argumenta que si bien podría no haber delito desde el código disciplinario, sí existe una violación al Código Penal, que establece el impedimento para nombrar exconcejales antes del cumplimiento del periodo de inhabilidad. Esta discusión abre la puerta a eventuales investigaciones por parte de entes de control como la Procuraduría o la Contraloría.

La legalidad del nombramiento de Barrios debe esclarecerse a la luz de la norma, que es clara en exigir una espera de doce meses para exconcejales antes de ocupar cargos públicos en la misma entidad territorial. El caso representa un llamado urgente a aplicar con rigor las normas de inhabilidades para garantizar la legitimidad en el ejercicio del poder público.

Y.A.