Una nueva controversia sacude la Corte Constitucional tras conocerse que el magistrado Vladimir Fernández, antiguo secretario jurídico de la Presidencia y actual miembro del alto tribunal, propuso suspender la investigación que adelanta el Consejo Nacional Electoral (CNE) contra el presidente Gustavo Petro.
Fernández, quien asumió su cargo como magistrado el pasado 15 de diciembre, tiene ahora un papel clave en un expediente relacionado con quien fuera su superior en la Casa de Nariño. La polémica surge al conocerse que fue él quien seleccionó la tutela que busca frenar la actuación del CNE en este caso, argumentando la existencia de una posible violación de derechos fundamentales y la necesidad de prevenir un conflicto de competencias entre organismos del Estado.
La defensa del presidente Petro ha insistido en que el CNE no tiene facultad para investigarlo, dado su fuero constitucional. La solicitud de Fernández ha sido interpretada por algunos sectores como un intento de congelar la acción del CNE y blindar al jefe de Estado frente a la acusación de supuestas irregularidades en la financiación de su campaña presidencial.
Este hecho ha generado tensiones al interior de la Corte, donde se discute la conveniencia de que Fernández continúe como ponente del caso. Incluso, algunos magistrados han propuesto que el expediente sea rotado para garantizar imparcialidad en la decisión. El escenario se torna aún más delicado si se tiene en cuenta que Fernández ya había protagonizado una ponencia polémica en marzo, relacionada con presuntas irregularidades de miembros del gobierno en el uso del polígrafo en la Presidencia.
A esto se suman los señalamientos de la excongresista Sandra Ortiz, quien implicó a Fernández en presuntas gestiones irregulares mientras ocupaba su cargo en Palacio, y el hecho de que la Fiscalía General posee información comprometedora en su contra desde marzo.
En medio del debate, la Corte deberá decidir si acoge la propuesta de Fernández o si permite que el CNE continúe con el curso de la investigación. La decisión será clave para la estabilidad institucional del país y podría sentar un precedente en la relación entre poderes del Estado.
